El viaje que debía celebrar una vida hoy una ausencia. A una semana de la desaparición de cuatro turistas originarios de Ixtlahuaca en Mazatlán, Gregorio Ramírez —padre de tres jóvenes y suegro del cuarto— alzó la voz para exigir la intervención directa del Gobierno del Estado de México y presionar a las autoridades de Sinaloa. Dice que, hasta ahora, la búsqueda no arroja resultados visibles ni información clara. Lo que se observa es que la coordinación entre Estados no ha funcionado.
La familia viajó a Mazatlán para festejar los 50 años de la esposa de Gregorio. Lo que prometía descanso terminó en tragedia: sus hijos y su año fueron privados de la libertad mientras conducían unos vehículos todoterreno que como cualquier turista alquilaron para divertirse. Desde entonces, aunque Sinaloa asegura mantener operativos, los familiares acusan simulación, opacidad y falta de confianza institucional.
“Fuimos como turistas y mis hijos ya no regresaron”, relató Gregorio al acudir al Palacio de Gobierno acompañado de vecinos y amigos. Asegura que la única gestión concreta en el Estado de México ha venido de la alcaldesa de Ixtlahuaca, Guadalupe Díaz, sin que ello se traduzca en acciones efectivas ni en avances claros.
El padre también lanzó una advertencia: si no hay respuesta, vendrán las protestas. No descarta bloqueos carreteros en varios estados con apoyo de transportistas y colectivos ciudadanos. “La gente debería pensarlo dos veces antes de viajar a cualquier lugar de México”, dijo.
El caso no está aislado. Para inicios de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas RNPDNO reportó más de 121 mil personas desaparecidas en México. Organizaciones civiles advierten que la tendencia crece y que el rango más afectado sigue siendo el de jóvenes entre 25 y 29 años. La desaparición, hoy, no distingue edad ni destino: se ha vuelto una práctica extendida que erosiona la promesa básica de seguridad y libre tránsito.
Detrás de cada cifra hay familias esperando. Y un país que sigue llegando tarde.
