La denuncia presentada por la primera edil en contra de cuatro periodistas, derivó en su competencia ante la agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar, sexual y de género, ubicada en Metepec. Mediante un citatorio, los comunicadores acudieron al inmueble situado en la colonia Jesús Jiménez Gallardo.
Fue hasta el momento cuando conocieron, por primera vez, los motivos de la denuncia. Ahí, según un peritaje realizado por esta instancia, afirman, se decide que la alcaldesa presenta una afectación psicológica y que, presuntamente, los contenidos publicados, publicaciones compartidas y comentarios de los 4 implicados habrían dañado la salud mental de Nancy Nápoles Pacheco.
Las audiencias fueron programadas a las 12:30 horas de este 9 de junio. Los señalados acudieron para rendir sus declaraciones y presentar pruebas. Por su parte, la denunciante exhibió imágenes de publicaciones compartidas por los implicados, así como opiniones, memes y contenidos que, incluso ella misma difundió en sus redes sociales.
El peritaje, realizado por una psicóloga, indica que la alcaldesa presenta violencia psicológica, por lo que recomienda terapia con sesiones una vez por semana durante un año y medio. El costo total de este tratamiento asciende a 135 mil pesos, cantidad que la edil pretende que cada uno de los comunicadores cubre como reparación del daño.
En la denuncia figuran como testigos el tesorero municipal, Erik García Reyes, y la directora de Gobernación, Guillermina Cruz Cortez. De acuerdo con el expediente, el recurso legal habría sido presentado en marzo; Sin embargo, la carpeta de investigación presenta inconsistencias, entre ellas que, durante su declaración, la denunciante señala ser presidenta municipal desde 2026 y no desde 2025, año en que tomó protesta. Además que datos como nombres, apellidos, domicilios estaban equivocados.
El delito que se imputa a los comunicadores es violencia digital reiterada y sistemática en redes sociales, así como la difusión de información presuntamente falsa.
Durante la cobertura del caso, surgieron cuestionamientos sobre si tras este peritaje pone en duda la salud mental de la alcaldesa, lo que abre el debate sobre si dicha condición podría representar un impedimento para ejercer su cargo o si debería solicitar licencia para atender su tratamiento.
La alcaldesa no se presentó a la audiencia. En el ámbito legal, se señala que su asistencia no es obligatoria en esta etapa y que solo tendría que comparar personalmente en caso de que el proceso llegue a juicio.
Por ahora, en esta instancia se busca mediar una posible solución y evitar que el caso escale. “Nosotros nos apegamos a la legalidad, a la justicia ya la libertad de expresión e información; no pueden culparlos por compartir contenidos que otros publican o que ella misma difunde en sus redes sociales”, señaló.
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