El Congreso mexiquense se mueve: una nueva ley busca cambiar la vida de millas de personas que aún enfrentan la discriminación todos los días.
De manera oficial, la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la LXII Legislatura una iniciativa para proteger los derechos de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ en el Estado de México, con sustento en la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El dato clave es contundente: según el INEGI, más del 50% de las personas de la diversidad sexual se identifican desde los 15 años, pero enfrentan altos niveles de violencia emocional—88.7% reporta estrés, 64.9% ansiedad y más de la mitad depresión—derivados de discriminación estructural.
La propuesta no es menor: plantea obligar a todas las autoridades estatales y municipales a garantizar derechos como salud, educación, trabajo, justicia y participación política, además de establecer políticas públicas, presupuesto específico (ya proyectado en 36 millones de pesos) y acciones coordinadas para erradicar la violencia. En el terreno político, se abre el debate sobre si el Estado de México se alinea con entidades más avanzadas como CDMX o Hidalgo, o mantiene rezagos en derechos humanos.
En el fondo, la discusión toca una deuda histórica: convertir el reconocimiento legal en condiciones reales de vida digna para una población mayoritariamente joven y vulnerable.
