"Libertad de expresión: Abogados podrían quedarse sin trabajo"
En días pasados se publicó la Circular 86/2023 de Certificación por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En esta circular se establece que todos los abogados postulantes, incluso aquellos con estudios de postgrado como especialidad, maestría o doctorado, ahora deberán obtener una certificación por parte del Poder Judicial del Estado de México.
La circular establece lo siguiente:
"En sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura, el pasado seis de noviembre de 2023, se aprobó el proceso de certificación a través de la Escuela Judicial en las materias penal, familiar, laboral, civil y mercantil para licenciados en derecho y/o abogados en ejercicio de la abogacía, afiliados a una asociación, barra o colegio de abogados y que hayan celebrado algún convenio con el Poder Judicial de Justicia del Estado de México, así como a servidores públicos de instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia en el Estado de México."
Dentro de los lineamientos se establece que el diplomado estará compuesto por tres módulos: Módulo Tronco Común, Módulo en Materia Familiar y Módulo en Materia Penal. Tendrá una duración de dos años y un costo de 20 mil pesos por alumno, cuota que deberá pagar antes de la inscripción.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, y el Consejo de la Judicatura publicaron los lineamientos para la Certificación sin especificar cómo se utilizará el recurso recaudado.
Algunos abogados cuestionan que ahora el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, quiera asumir el papel de la universidad, cuando su función principal es la impartición de justicia. Además, se preguntan si aquellos abogados que no obtendrán la certificación no podrán trabajar.
Los abogados inconformes manifiestan que esto es una clara violación al Artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo."
Veremos cómo terminar este asunto. Por el momento, los abogados inconformes están planeando una manifestación para que se respete su derecho al trabajo.
De salida: Ahora resulta que es más grave que las servidoras públicas hayan recibido recursos de la Tarjeta Rosa que las irregularidades presentadas en los ayuntamientos. ¿Quién le habrá dicho a la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo, que se dedicaría a hacer una auditoría al respecto? ¿Habría que preguntarle a la titular del OSFEM si realmente está segura de que las empleadas del gobierno estatal, que según ella fueron beneficiadas con la Tarjeta Rosa, en realidad no necesitaban ese apoyo?
Hay servidores públicos de alto rango que ganan más de cien mil pesos al mes, mientras que en áreas administrativas del Gobierno Estatal, incluido el OSFEM, hay empleadas estatales que apenas alcanzan un salario de entre 5 y 8 mil pesos al mes. Ahora que Miroslava Carrillo ha regresado al Senado junto a su padrino Higinio Martínez Miranda, se duda mucho que pueda obtener la reelección.
El titular del OSFEM tendrá que ponerse las pilas; de lo contrario, ella misma será auditada y quién sabe qué sucederá con las presuntas irregularidades que hay en el OSFEM.
