El deseo de formar una familia no puede convertirse en el mercado. Con esa premisa, diputadas locales advirtieron que la maternidad surogada —valorada en 14 mil 950 millones de dólares en 2023, según la ONU— exigen entrar, sin evasivas, a la agenda legislativa.
En el Congreso mexiquense, Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) llamaron a construir un marco jurídico que cierre la puerta a la explotación reproductiva y coloque en el centro la dignidad de las mujeres y el interés superior de la niñez. La disparidad entre estados —donde la práctica se permite, se prohíbe o simplemente no se reconoce—, advirtieron, genera vacíos que benefician a intermediarios.
El foro abrió un debate incómodo pero necesario: ¿derecho, negocio o explotación? Especialistas y organizaciones coincidieron en que no se trata de criminalizar la reproducción asistida, sino de impedir que el cuerpo femenino y la vida por nacer queden sujetos a contratos con lógica de mercado.
“Legislar aquí es definir qué entendemos por dignidad humana”, se escuchó en la Casa del Pueblo. Y esa definición, hoy, ya no puede postergarse.
