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Sur del Edomex, dos "levantones" de funcionarios municipales y un grupo delincuencial que el Estado no puede parar.



La Revista Proceso reveló datos estremecedores, indicó que sujetos armados interceptaron a Rogelio Poblete Zamora, director Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Malinalco, cuando estaba a metros de su oficina, obligándolo a subir a otro auto que avanzó hacia la carretera Toluca - Taxco, dirección a Chalma.

El hecho, tuvo registro cerca de las 9:30 horas mientras viajaba en su camioneta color guinda, afirmó La Silla Rota

¿Pero que nos deja esta privación ilegal de la libertad en la tan diluida memoria colectiva?

Ciertamente, hace unos días el mismo Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza y su padre, fueron secuestrados por un grupo de la criminal con orígenes en Michoacán y que días después armó un operativo de fuerzas federales para dar con su paradero y afortunadamente lograron encontrarlos con vida cerca de Zacualpan.

Curiosamente por el operativo por el "levantón" del funcionario malinalquense , se realizó cerca de Palmar de Guadalupe, que se encuentra a 0.85 km al noroeste del municipio donde se halló a Vega Carranza, pero esta vez, a más de 24 horas del hecho, no se ha desplegado tal operativo que dicho por el mismo Harfurch, estaba ligado al grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Callar para no informar: maxime mexiquense.

De este hecho, como ya es costumbre, la prensa local, las redes sociales y los familiares de las víctimas, tuvieron que operar a favor de las primeras imágenes e indagatorias para dar con el paradero del funcionario municipal, mientras que nadie, en el gobierno municipal, ni en el estatal, sabía a ciencia cierta qué había pasado. insisto, a mas de 24 horas no se sabe y según fuentes extraoficiales, aún continúa la incógnita sobre ¿dónde está el Rogelio Poblete?. Como cliché les diré, que si esto pudo pasar con un funcionario, un alcalde, un director de un hospital estatal, que nos queda a los ciudadanos.

Por el bien del director municipal y su familia, esperamos que sea hallado con vida y que se implemente un operativo similar, como el que se montó para dar con la ubicación del Alcalde de Taxco. Y bueno, pensando en la autoridad estatal tanto del encargado de la Seguridad como del Fiscal General, este caso es la pintura que no se quiere ver y que como en la obra de Picasso, El Gernica, que se pintó en 1937, ambos funcionarios evitan llevar la brutalidad, el horror y la destrucción de esta guerra sobre la población, a la Gobernadora y a la presidenta de México.

Esta pintura, donde el máximo representante del cubismo, quiso plasmar el dolor de las víctimas inocentes a través de figuras distorsionadas, como la madre llorando a su hijo muerto o personas gritando, se minimizan y tal tez, solo estén observando la grandeza de los cuernos de la figura del toro, mientras miles de familias en el Edomex continúan sufriendo por la falta de políticas públicas eficaces, que eviten la violencia y la inseguridad en nuestro Estado.

Diputada de Morena propone 15 años de cárcel para funcionarios que fabriquen pruebas en el Edomex

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Que te encarcelen por algo que no hiciste. Que las “pruebas” en tu contra las inventaron quienes debían protegerte. Eso pasa. Y hasta hoy, no existía una ley que lo llamara por su nombre.

La diputada María José Pérez Domínguez (Morena) presentó ante la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar el Código Penal y castigar con hasta 15 años de prisión a los servidores públicos que fabriquen, inventen o manipulen pruebas para inculpar a alguien inocente, o para dejar libre a quien sí cometió un delito. El dato que duele: el Edomex está entre las tres entidades donde la gente menos confía en sus instituciones de justicia, y casi el 90% de los delitos no se denuncia. No es casualidad, es consecuencia.

Hoy, el Código Penal sanciona obstaculizar investigaciones con 4 a 10 años de cárcel, pero no menciona explícitamente la fabricación de culpables. La iniciativa cierra ese hueco legal con un agravante directo: si el funcionario construyó la trampa con pruebas inventadas, la pena sube a 15 años, más destitución e inhabilitación.

La diputada lo dijo claro en tribuna: fabricar un culpable obliga a una persona inocente a probar algo que nunca hizo, frente a evidencia que nunca existió. Una mentira con sello oficial que puede costarte la libertad.

Porque cuando la ley se usa como arma, el daño no solo es personal — es una fractura en todo el sistema que nos sostiene a todos.

Diputade impulsa iniciativa contra trabajo infantil desde Valle de Chalco



No es una escena lejana: niños limpiando parabrisas o cargando mercancías mientras otros van a la escuela. Esa imagen —normalizada por años— hoy entra al debate legislativo.


Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández anunció, de forma oficial, que el próximo 29 de abril presentará una iniciativa para prevenir, atender y proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en el Estado de México. El anuncio se dio durante el Primer Foro Regional en Valle de Chalco, con respaldo de legisladores y especialistas.


El dato sacude: en la entidad hay más de 250 mil menores realizando trabajos no permitidos, muchos en condiciones de riesgo, según cifras del INEGI. Para Navarro, no es ayuda familiar, es desigualdad estructural.


La propuesta no nace desde el escritorio. La legisladora habló desde su propia historia: crecer trabajando, entre carencias y peligros, mientras intentaba no soltar la escuela. Ese testimonio marcó el tono: el problema no es invisible, es cotidiano.


La consecuencia política es clara: el Congreso mexiquense entra a un terreno incómodo, donde se cruzan la pobreza, los programas sociales y la omisión institucional. Los especialistas advierten que el trabajo infantil limita los derechos básicos y frena el desarrollo desde los primeros años de vida.


El mensaje final no se queda en la ley: erradicar esta práctica no depende solo del gobierno, sino de una comunidad que deje de verla como algo “normal”.


Porque mientras un niño trabaja, alguien más ya decidió por su futuro.


Hasta 4 pesos subirá el precio de la tortilla en el Edomex.

 


A partir del 15 de abril, el precio de la tortilla aumentará entre 2 y 4 pesos y no hay manera de evitarlo.


Lo anterior, expresado por Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Destacó que desde hace 3 años no sube este producto básico y que en la zona centro se reporta el precio más bajo. 


El aumento se reporta a que, asegura, tienen un déficit en refacciones, los programas sociales para jóvenes, la competencia desleal, la corrupción gubernamental y la falta de políticas públicas para llegar a una regulación de las expendedoras. 


Destacó que en la Ciudad de México y el Estado de México, la tortilla cuesta entre $22 y $24 el kilo, mientras que en Sonora, Baja California y Cancún, puede llegar hasta a $32, debido a la inseguridad y costos de transporte. 


Señala que en lugares donde cuesta 22 pesos, podría subir 4 pesos más y donde cuesta casi 26, se elevaría subir costo hasta 28 pesos. 


Por último, aclaró que “ya es tarde” para poder frenar el aumento debido a que desde hace año y medio se estuvo trabajando sin resultados por parte de las autoridades federales. “No se para que tenemos instituciones hoy, sino hacen su trabajo” esto debido a que el acuerdo nacional que se trabajó con la presidenta de México, puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo “no funciona”.   

Congreso del Edomex resalta avances para comunidad trans, pero hay deuda en seguridad y representación.



“Ser visible no debería costar la vida”. Bajo esa premisa, diputadas y diputadas del Congreso mexiquense pusieron sobre la mesa un mensaje claro: hay avances legales, pero la realidad aún pesa.


En un acto oficial realizado en el Tribunal Electoral del Estado de México, la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, junto con Ana Yurixi Leyva y Yareli Anai Esparza, confirmaron cambios clave: ya se reconoce la identidad “no binaria” en actas, se tipificó el transfeminicidio y la nueva Ley de Salud incluye atención prioritaria para la diversidad sexogenérica.


El dato que marca la conversación: aunque el marco legal avanza, las propias legisladoras admitieron que persisten barreras reales en visibilidad, acceso a cargos públicos y, sobre todo, en vivir sin violencia.


La consecuencia política es directa: el discurso institucional ya no puede quedarse en leyes aprobadas. La presión ahora está en traducir esos avances en políticas públicas efectivas y en representación real dentro del poder.



Frente a activistas y autoridades, también se destacó la creación de la Comisión legislativa LGBTTTIQ+ y espacios como la Clínica de la Diversidad Sexual en Zumpango. Sin embargo, el reconocimiento vino acompañado de una autocrítica poco común: el Estado aún no garantiza plenamente una vida digna para las personas trans.



El mensaje de fondo fue contundente: legislar es solo el primer paso; gobernar para todos sigue siendo la deuda.


Hoy la pregunta queda abierta para quienes toman decisiones… y para quienes votan:

¿Los avances en papel realmente están cambiando la vida de las personas o siguen siendo promesas bien redactadas?