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Líderes de COREMEX se enriquecen mientras trabajadores pierden su PTU: denuncian nepotismo en Lerma, Fugra y Bocar



Mientras cientos de trabajadores en Lerma, Fugra y Bocar preparan huelga por una ganancia que ya existe pero sus líderes se niegan a repartir, Carlos Gamboa—delegado sindical de COREMEX—estrenó una camioneta de 500 mil pesos. La contradicción es brutal.

Las denuncias no vienen de rumores: trabajadores que conviven con esta dirigencia aseguran que existe un círculo cerrado donde Gamboa, Eloy Espinosa y Miguel Meneses (líder del sindicato) distribuyen beneficios entre familiares y allegados, mientras la base recibe explicaciones vagas. Algunos parientes operan como prestanombres, cobrando sin justificación visible.

El patrón ya se repite en otros estados. Zacatecas y Morelos documentaron durante años estos mismos manejos. Aquí, en el Edomex, es casi idéntico: recursos del sindicato destinados a acuerdos con empresas que terminan en bolsillos selectos, no en los salarios de quienes generan esos acuerdos.

Lo más grave no es el dinero desaparecido. Es que hablar cuesta. Los trabajadores que denuncian enfrentan silencio dentro del sindicato, silenciosa presión, miedo. Por eso la acumulación de testimonios es tan significativa: alguien rompió el hielo.

Trabajadores ya solicitaron a las autoridades federales investigar el enriquecimiento sospechoso. Las huelgas están a punto de explotar. El sistema que protege esta operación empieza a colapsar desde adentro.

Presidente de la JUCOPO se reúne con autoridades del IEEM



El Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la JUCOPO del Congreso Mexiquense se reunió con la Consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido donde se cerró el acuerdo con autoridades electorales y tribunales: la elección judicial se corre dos años. Punto final para 2026.

Lo que el Congresista local llamó “certeza, legalidad y transparencia” es, en realidad, tiempo extra. Dos años más para que el estado ajuste su constitución y reescriba las leyes que rodean cómo elegiremos a nuestros jueces. Si esperas cambios en la impartición de justicia, la espera será larga.

Los números importantes: 60 días para reformar la constitución estatal, 90 para actualizar las leyes secundarias. Lo que suena simple en los comunicados oficiales significa que durante dos años la judicatura local seguirá como está, con sus ruedas girando al mismo ritmo. Para quien necesita un juzgado diferente, eso importa.

Vázquez insistió en que el aplazamiento fortalecerá la justicia. Los números hablan de coordinación entre instituciones, reuniones hechas, reformas aprobadas el 29 de mayo. Pero la realidad es que en el Estado de México, la renovación judicial esperará. Mientras tanto, la estructura sigue igual.

Tribunal de Disciplina Judicial somete a examen a los jueces que tú elegiste con tu voto



Los jueces del Edomex que ganaron su cargo en las urnas ahora tienen que demostrar que saben hacer su trabajo — y tienen fecha límite.

El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México abrió este 1 de junio el registro para la segunda fase de evaluación de los jueces electos por voto ciudadano. Tienen hasta el 10 de junio para inscribirse en la plataforma de la Escuela Judicial.

No es voluntario. Es parte de la Reforma Judicial que arrancó en marzo de 2026, donde cada juez electo debe acreditar que domina su materia, atiende bien a los usuarios y administra correctamente su juzgado.

Los exámenes teóricos son el 24 y 25 de junio. Los prácticos, del 29 de junio al 2 de julio. Los resultados se publican el 10 de julio — sin zonas grises.

Si un juez reprueba, su permanencia en la carga entra en riesgo directo. Eso cambia las reglas del poder judicial como lo conocías.

Por primera vez, un juez mexiquense puede perder su puesto no por escándalo, sino por no saber.

Registro: ejem.edu.mx/registroaspirantes

El Congreso del Estado de México avala impulsar la Ley de Cuidados propuesta por Delfina Gómez.



Miles de madres mexiquenses trabajan 40 horas semanales sin que el Estado lo reconozca. Eso está a punto de cambiar.

Legisladores de la LXII Legislatura del Estado de México respaldaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para crear la Ley del Derecho al Cuidado Digno, una norma que reconocería legalmente el trabajo que hacen, en su mayoría mujeres, al cuidar hijos, adultos mayores o personas enfermas, sin recibir ninguna protección del Estado.


Las diputadas Zaira Cedillo y Ana Yurixi Leyva fueron directas: las mujeres mexiquenses dedican hasta 40 horas semanales a este trabajo, mientras que los hombres apenas 18. Ese desequilibrio tiene un costo económico real: 8.4 billones de pesos anuales en trabajo no remunerado que sostiene toda la dinámica productiva de la entidad.

La propuesta no solo nombraría este trabajo; obligaría al gobierno estatal a protegerlo con presupuesto, instituciones y garantías jurídicas concretas. Ocho de cada 10 familias mexiquenses tienen a alguien que necesita cuidados, y siete de cada 10 cuidadores ya presentan daños físicos o mentales por esta labor.


El diputado Maurilio Hernández pidió abrir un parlamento abierto antes de su aprobación. La legisladora Ruth Salinas exigió que el presupuesto del Sistema de Cuidados sea progresivo e irreversible, sin importar quién gobierne.

Lo que durante décadas fue invisible, está a punto de convertirse en ley.

Pueblos originarios piden sus propios municipios, legislatura mexiquense los escucha.



Cuatro comunidades originarias del Estado de México tocaron la puerta del Congreso local para convertirse en municipios independientes. No es un capricho: tienen padrón de habitantes, proyecciones financieras y años de historia que los respaldan.

La Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura mexiquense abrió las audiencias oficiales para analizar si Atzingo, San Francisco Tlalcilalcalpan, San Pablo de las Salinas y Santa Catarina Ayotzingo pueden convertirse en nuevas demarcaciones. Comunidades tlahuicas, otomís y nahuas presentaron sus argumentos ante diputados de Morena, PVEM y PT.

El dato que sorprende: San Pablo de las Salinas tiene 157 mil habitantes —más del doble del mínimo legal— y proyecta recibir 880 millones de pesos anuales en participaciones. Atzingo, por su parte, estima ingresos de 102 millones con capacidad administrativa propia.

Si el Congreso aprueba alguna de estas creaciones, el mapa municipal del Estado de México cambia por primera vez en décadas — y los municipios actuales como Tultitlán, Ocuilan y Chalco perderían territorio, presupuesto e influencia política.

La Comisión de Límites estatal tiene 60 días hábiles para emitir dictámenes técnicos. El reloj ya corre.