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Octavio Martínez obliga al gobierno del Edomex a publicar en línea cada peso que gaste



Ya no podrán esconder contratos ni asignar obras a dedazo sin que nadie se entere.

El legislador mexiquense Octavio Martínez vargas, presentó una iniciativa que, si se aprueba, obligaría a todas las dependencias del Estado de México —y también a los municipios— a registrar y publicar en internet cada contrato, licitación y adjudicación directa que realicen con dinero público, sin excusas ni pretextos.

El congresista de Morena, propuso ante la LXII Legislatura que el uso del sistema digital Compramex deje de ser opcional y se vuelva obligatorio. Hoy, la ley lo recomienda, pero no lo exige, y eso ha sido suficiente para que muchas dependencias lo ignoren cuando les conviene.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México —el organismo que audita las cuentas públicas— ha detectado de forma repetida contratos adjudicados a modo, sin documentos que los justifiquen y sin que la ciudadanía se entere. Esos casos han terminado en señalamientos de responsabilidad administrativa. Es decir: dinero de todos, repartido en lo oscurito.

La propuesta pone reglas concretas: cualquier contrato tendría que publicarse en Compramex dentro de los 10 días hábiles siguientes a su firma, incluyendo a quién se le dio, cuánto costó y por qué se eligió a ese proveedor.

Si el Congreso local la aprueba, el gobierno estatal tendría 90 días para ajustar sus reglamentos y las dependencias 180 días para capacitar a su personal y adaptar sus sistemas.

Lo que está en juego es simple: que cualquier ciudadano del Edomex pueda entrar a una plataforma y verificar en qué se gastó su dinero. No es un favor, es una obligación que hasta ahora nadie ha querido cumplir del todo.

Diputada del Edomex propone hasta 12 años de cárcel para quien destruya cuerpos no identificados

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En el Estado de México hay 14 mil 665 personas desaparecidas. Alguien está borrando los rastros.

La diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres presentó ante la Legislatura mexiquense una iniciativa para castigar con seis a 12 años de prisión a quien incinere, destruya u oculte un cadáver sin identificar, sin autorización legal. La propuesta también apunta directamente a funerarias, panteones y crematorios que operen como cómplices.

La legisladora lo dijo sin rodeos: hay cuerpos que desaparecen dentro de cementerios, con la posible complicidad de quienes los administran.

El dato que paraliza: México registra 133 mil 563 personas desaparecidas. El Edomex concentra el 11% de esa cifra. Y la mayoría son mujeres de entre 15 y 19 años, en edad de riesgo para trata y explotación sexual.

La iniciativa, respaldada por el coordinador del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, propone además que los municipios asuman el control directo de crematorios y servicios funerarios, cerrando el hueco legal que hoy permite que los restos humanos desaparezcan sin consecuencias.

Si esta reforma avanza, destruir evidencia de una persona desaparecida dejará de ser un delito menor. Las familias que llevan años buscando, lo saben mejor que nadie.

El Congreso del Edomex aprueba regulación de uso de celular en las escuelas.



La LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas que regulan el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica. Nada de redes sociales en el salón. Nada de TikTok entre clase y clase. Solo tecnología con propósito académico o en caso de emergencia, y siempre con permiso del maestro o director.

La iniciativa la impulsaron diputadas y diputados de Morena y del PAN juntos —algo que no pasa tan seguido— lo que le da un peso político real: esto no es ocurrencia de un solo partido.

¿Qué cambia en la práctica? Las autoridades educativas estatales tendrán que publicar lineamientos, protocolos y guías específicas para decirle a cada escuela cómo, cuándo y dónde se puede usar un celular. Habrá espacios distintos al aula donde sí se permitirá su uso personal o recreativo, pero el aula queda protegida.

El dictamen es claro en el porqué: ciberacoso, violencia escolar, pornografía infantil y exposición a contenidos dañinos para menores. No es exagerado. Es una realidad que muchas familias mexiquenses ya viven sin saber cómo enfrentarla.

La diputada Paola Jiménez lo resumió sin rodeos: “Estaremos alejando el modelo de distracción que está limitando la educación”.

Ahora falta ver si las escuelas de tu municipio realmente lo aplican — o si esta ley termina guardada en un cajón como tantas otras.

Congreso mexiquense participa en Simulacro Nacional.

 


Un sismo imaginario de 8.2 sacudió al país este jueves — y el Congreso mexiquense no estaba improvisando.

Más de mil 500 servidores públicos y 41 niños del jardín de niños del Poder Legislativo desalojaron 14 edificios en Toluca, Chalco y Naucalpan en exactamente un minuto con 15 segundos. Saldo: cero heridos, cero caos, todo controlado.


El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, confirmó que el ejercicio simuló un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero — entre Petatlán y Coyuca de Benítez — como parte del Simulacro Nacional 2026 convocado por el Gobierno federal.


El operativo no fue simbólico: se desplegaron 310 brigadistas, 15 sistemas de alerta sísmica, 64 extintores, 59 botiquines móviles, 20 equipos de bomberos y alertas directas a celulares de la población.

El dato que importa: la ley obliga a México a realizar al menos dos simulacros al año. El del 19 de septiembre existe porque los sismos de 1985 y 2017 dejaron cientos de muertos — muchos por no saber qué hacer en los primeros segundos.

Que el Congreso se prepare no es propaganda; es exactamente lo que debería ocurrir siempre, en todas las instituciones, sin cámaras ni discursos.

En el Edoméx — con fallas sísmicas activas y más de 16 millones de habitantes — conocer tu ruta de evacuación no es exageración: es la diferencia entre el pánico y salir vivo.

Toluca la ciudad más conflictiva según INEGI


Tu colonia no está peleada contigo: está peleada con todos.

El Inegi lo midió y lo publicó: el 48% de los habitantes de Toluca tuvo un conflicto o enfrentamiento con alguien en el tercer trimestre de 2025. Nezahualcóyotl va con 41%, Atizapán con 40%, Naucalpan con 39% y Ecatepec con 33%. El promedio nacional es 34,3%. El Estado de México lo supera con facilidad.

¿Con quién se pelea la gente? Con el vecino, principalmente. El 72% de los conflictos pasa ahí mismo, en el edificio, en la calle de enfrente. Le siguen desconocidos en la vía pública (33%) y, dato que no pasa desapercibido, autoridades de gobierno con 14.7%.

Las causas son las de siempre: basura, ruido, estacionamiento, chismes y borrachos en la esquina.

A nivel nacional, el 63% de los adultos siente que su ciudad es insegura. Las mujeres lo viven más fuertes: 68%. Los cajeros, el transporte y la calle siguen siendo los lugares que más miedo generan.

Ecatepec además aparece entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con 84.4%. El Edomex no solo encabeza los conflictos: también encabeza el miedo.

Estos números son la agenda que ningún presidente municipal debería ignorar en 2026.