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Congreso del Edomex reescribe las reglas del apellido y abre la puerta a la identidad no binaria.

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Los, le y las legisladoras mexiquenses aprobaron una reforma al Código Civil que cambia cómo se registran los hijos y reconoce legalmente que el género va más allá del binario. Aquí te explicamos qué significa esto para ti y tu familia.

El Congreso del Estado de México le metió mano al Código Civil y aprobó algo que, aunque suena técnico, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana: ahora los papás pueden elegir libremente el orden de los apellidos de sus hijos. Ya no hay una regla que diga que el del padre va primero. Si los dos están de acuerdo, deciden ellos. Y si no se ponen de acuerdo, gana la mamá: su apellido va primero.

Eso fue parte de lo que avaló el pleno de la LXII Legislatura mexiquense en una sesión que también incluyó otro cambio que levantó más polvo: el reconocimiento de la identidad no binaria en actas de nacimiento por rectificación. En términos simples, una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer ahora tiene respaldo legal en el Edomex para que su documento lo refleje, sin necesidad de cirugías ni diagnósticos médicos.



La reforma nació de la mano de las diputadas de Morena Itzel Daniela Ballesteros Lule y Luisa Esmeralda Navarro Hernández, con apoyo de la asociación civil Fuera del Clóset y el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

¿Y qué pasa si estás casado o te vas a casar?

La reforma también toca el matrimonio. Desde ahora, si alguno de los contrayentes aparece en el registro de obligaciones alimentarias —es decir, debe pensión alimenticia— está obligado a decírselo al otro antes de casarse. Además, el oficial del Registro Civil tendrá que dar cursos sobre derechos, obligaciones, salud reproductiva y prevención de violencia familiar antes de formalizar la unión.


Las voces en contra no tardaron

No todo fue aplausos. La legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, votó en contra y argumentó que reconocer la identidad de género sin requisitos puede generar un caos administrativo: inconsistencias en documentos, posibles abusos y problemas legales que, según ella, el texto no resuelve con claridad.


También hubo reservas dentro de la propia sesión para que la reforma cumpliera con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que pide que se levanten nuevas actas de nacimiento para quienes buscan reconocimiento de identidad de género. Esas reservas fueron rechazadas.


El fondo del asunto

Lo que aprobó el Congreso mexiquense es una señal de que el Estado de México se mueve, aunque con pasos medidos, hacia una legislación más abierta. Para quienes tienen hijos o planean tenerlos, el cambio en los apellidos es concreto e inmediato. Para quienes se identifican fuera del binario de género, representa un reconocimiento que en varios estados del país todavía no existe.

El costo de implementar todo esto correrá con cargo al presupuesto de los entes públicos involucrados, sin recursos adicionales.



Edomex ya tiene su primera Ley de Salud en 24 años: esto es lo que cambia para ti.




El Congreso del Estado de México le dio un golpe de timón al sistema de salud local: aprobada una Ley de Salud propia, la primera desde 2001. Durante más de dos décadas, la entidad más poblada del país operó sin una normativa específica en la materia. Eso se acabó.

La LXIII Legislatura mexiquense reunió 15 iniciativas de distintos grupos parlamentarios —Morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC y PRD— más una propuesta directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armar un ordenamiento que obliga a los sectores público, social y privado a cumplir con estándares claros de atención médica.


¿Qué trae de nueva esta ley?

Lo primero que hay que entender es que esto no es un retoque cosmético. La ley abroga el Libro Segundo del Código Administrativo del estado y lo reemplaza con un marco específico. Crea el Sistema Estatal de Salud, un mecanismo de coordinación institucional para que las políticas públicas en la materia no queden en el aire ni se pierdan entre dependencias.

También reconoce, por primera vez, un catálogo de derechos para pacientes y usuarios: trato digno, consentimiento informado, confidencialidad, acceso al expediente clínico, atención de urgencias y acceso a medicamentos. En papel, nadie te puede negar eso.

La norma identifica grupos de atención prioritaria, entre ellos personas adultas mayores, mujeres gestantes, menores de edad, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTIQ+, migrantes y pueblos indígenas.



El punto que subió el debate.

No todo fue aplausos. El capítulo que autoriza la interrupción del embarazo como servicio público, gratuito y sin barreras, fue el foco de tensión. La diputada del PAN, Emma Álvarez, intentó eliminar ese apartado del texto. Su compañero Anuar Azar fue más lejos y pidió quitar también la cláusula de objeción de conciencia, que permite al personal de salud negarse a participar en esos procedimientos. Ninguna de las dos mociones prosperó.


Desde Morena, la legisladora Zaira Cedillo lo dijo sin rodeos: “Negar la atención médica no protege la vida, la pone en riesgo”.



Lo que no hay que perder de vista

La ley todavía no entra en vigor. Primero tiene que ser promulgada por Delfina Gómez y publicada en la Gaceta del Gobierno. Mientras eso no ocurre, el papel no vale gran cosa.

Y hay otra pendiente señalada por el PVEM: más presupuesto. De nada sirve una ley robusta si los hospitales siguen con desabasto de medicamentos, sin médicos especialistas y con listas de espera eternas para hemodiálisis o estudios de detección de cáncer.

La norma dice que operará con los recursos humanos y presupuestales actuales, sin cargas adicionales. Ahí está la trampa. Una ley que promete más con lo mismo es una promesa que el tiempo —y los pacientes— se encargarán de poner una prueba.

El Edomex tiene ley. Ahora falta ver si tiene voluntad.

Congreso del Edomex elimina la prisión vitalicia y fija pena máxima de 70 años



La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, sustituyéndola por una pena máxima de 70 años de prisión. La reforma, impulsada por la diputada Sofía Martínez Molina (PT) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen aprobado señala que la prisión vitalicia implica la privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión, suprime toda expectativa de reinserción social y contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano. La SCJN había establecido previamente, mediante la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2019, que esta figura es incompatible con el principio de proporcionalidad de las penas y con el artículo 18 constitucional, que orienta el sistema penitenciario hacia la rehabilitación.

“Eliminar la prisión vitalicia no debilita la respuesta del Estado ante delitos graves, sino que fortalece un sistema más justo y respetuoso de la dignidad humana”, destacó la diputada Martínez Molina durante la sesión.

La reforma contempla que los casos donde ya se impuso prisión vitalicia serán revisados ​​por la autoridad jurisdiccional, quien adecuará la pena conforme al grado de culpabilidad de cada sentenciado. Los delitos que antes admitían esta pena —como homicidio calificado, feminicidio, violación y robo con homicidio— quedan ahora sujetos al nuevo límite de siete décadas.

Los legisladores argumentaron que resulta incongruente sostener que la prisión vitalicia es inconstitucional para ciertos delitos pero válida para otros, dado que su incompatibilidad con los principios constitucionales no varía según la conducta sancionada.

Ana Muñiz Neyra asume presidencia del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14 Toluca



La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, tomó protesta como presidenta del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14 Toluca para el periodo 2026, durante la Quinta Sesión celebrada en Ciudad Mujeres, sede ubicada en ese municipio.

En el marco de la sesión, se integró la Mesa Directiva conforme a la Ley de Seguridad del Estado de México. La vicepresidencia recayó en Jazmín Delgado López, presidenta municipal de Chapultepec. Al encuentro asistieron los titulares de los ayuntamientos de Toluca, Metepec, Calimaya, Mexicaltzingo y Almoloya de Juárez, además de las autoridades federales y estatales en materia de seguridad.



Al tomar el cargo, Muñiz Neyra reconoció la gestión de su antecesor, Ricardo Moreno Bastida, y destacó que la coordinación entre las tres órdenes de gobierno ha logrado una reducción del 23% en delitos de alto impacto en la región.

“Hoy asumo esta responsabilidad con la convicción de que la seguridad se construye con coordinación, trabajo permanente y decisiones colegiadas”, señaló la presidenta del Consejo.

Como ejes de su gestión, presentaron ocho líneas prioritarias: operativos regionales de inteligencia, fortalecimiento de las Mesas de Paz, atención a víctimas de violencia de género, videovigilancia con apoyo del C5, búsqueda de personas no localizadas, implementación del Corredor Seguro del Valle de Toluca, el Encuentro Regional de Honor y Disciplina Policial, e incorporación de la percepción ciudadana en la toma de decisiones.

Muñiz Neyra agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de las instituciones de seguridad estatal y federal, con el compromiso de consolidar al Consejo como referente de coordinación y resultados para las familias del Valle de Toluca.


Congreso del Edomex crea un registro que vigilará a quienes rompan las reglas en tu municipio



Los ayuntamientos del Estado de México tendrán una nueva herramienta para rastrear a quienes cometen infracciones cívicas: un registro oficial con nombre, CURP y domicilio de cada infractor.

Las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron la creación del Registro Municipal de Infracciones en materia de justicia cívica, una base de datos operada por los Juzgados Cívicos de los 125 municipios de la entidad. La iniciativa fue impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

¿Qué significa esto para ti?

Si alguna vez recibe una sanción por una infracción cívica —como alterar el orden público o cometer faltas administrativas— quedará registrado. Y si vuelves a infringir, el juez cívico lo sabrá de inmediato, lo que puede derivar en una sanción más severa por reincidencia.

El registro incluirá datos personales del infractor, el tipo de falta cometida, la sanción obligatoria y cómo fue cumplida. Solo tendrá acceso el personal autorizado, con claves confidenciales para garantizar la privacidad de la información.

¿Por qué se creó ahora?

Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó al Estado a actuar. En octubre de 2025, el máximo tribunal declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Justicia Cívica aprobada en 2023, tras una demanda de la CNDH. Esta reforma es la respuesta legal a esa resolución.

Además de sancionar, el registro servirá para diseñar programas de prevención de adicciones y desarrollo social en los municipios.

El dictamen fue aprobado en comisiones y deberá pasar al pleno del Congreso para su validación final.