Pocas veces un informe internacional me ha golpeado con la contundencia del documento que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) acaba de publicar sobre México. No es retórica diplomática. Es un veredicto.
133 mil 215 personas desaparecidas o no localizadas. Ese es el número que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de México acumula desde 1962, cifra que la propia ONU reconoce públicamente y que, advierte, podría estar subestimada porque miles de casos nunca se denuncian. Para ponerlo en perspectiva: es más gente que toda la población de ciudades como Andorra o San Marino. Una nación entera de ausentes.
Lo que la ONU dice y lo que Europa escucha.
El CED no usa palabras menores. Sus expertos concluyen que existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y siguen cometiendo de forma sistemática, lo que las coloca en la categoría de crimen de lesa humanidad. Como consecuencia, el Comité invocó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU llevar el caso de México directamente a la Asamblea General. Es una medida excepcional. Una medida de última instancia.
En Europa, la respuesta editorial ha sido contundente. Medios como El País, France 24, la BBC y publicaciones especializadas en derechos humanos de Alemania han cubierto el informe con un denominador común: México ya no puede presentarse ante la comunidad internacional como un país con problemas de seguridad manejables. Es, en palabras de organizaciones alemanas como SIPAZ, “un país de desaparecidos”.
El País, que ha dado el mayor relevo político-editorial al informe, recuerda que el gobierno mexicano rechazó el documento calificándolo de “parcial y sesgado” por omitir supuestos avances institucionales desde 2018. Pero frente a 133 mil expedientes abiertos, el argumento diplomático se cae solo. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, calificó la decisión del CED como “histórica” y pidió a la Unión Europea presionar a México para exigir investigaciones y reparaciones reales.
Los números que acusan
Los datos del informe y su cobertura europea pintan un cuadro devastador:
- 98% de impunidad: casi la totalidad de los casos de desaparición en México no terminan en condena alguna. El sistema judicial no funciona frente a este delito.
- Más de 4 mil 500 fosas clandestinas encontradas en el país, con decenas de millas de restos sin identificar.
- 5 estados concentran entre el 44% y el 48% de todos los desaparecidos del país: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.
- La ONU señala responsabilidad no solo del crimen organizado, sino complicidad, participación y negligencia de las autoridades del Estado mexicano.
El Estado de México: el epicentro oculto.
Uno de los datos que menos se discute en la agenda nacional, pero que los organismos internacionales tienen muy presente, es que el Estado de México ha desplazado a Jalisco como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el país, acumulando cerca de 14 mil 700 registros. No es casualidad. Es el estado más poblado de México, colinda con la capital y concentra circuitos criminales de secuestro, trata de personas, extorsión y reclutamiento forzado.
Sus municipios más golpeados son un mapa de la desigualdad metropolitana:
Ecatepec de Morelos encabeza la lista. El municipio más poblado del estado —con más de 1.6 millones de habitantes— registra una cifra altísima de desapariciones, producto de redes criminales activas, policías locales desbordadas y una fiscalía que no da abasto. Le siguen Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, ambos en la zona conurbada con la Ciudad de México, con millas de expedientes acumulados, muchos de ellos de jóvenes varones y mujeres en contextos de violencia y vulnerabilidad.
Toluca, la capital estatal, registra desapariciones de estudiantes, trabajadores migrantes y personas en situación de calle que transitan por su perímetro. Y en el oriente del estado, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca y Chimalhuacán concentran casos ligados a trata de personas y reclutamiento criminal en zonas de alta marginación. Completan el mapa de la tragedia: Tultitlán, Tecámac, Cuautitlán y Naucalpan.
Un denominador común atraviesa todos estos municipios: instituciones de seguridad desbordadas, fiscalías lentas, falta de coordinación forense y una alerta de violencia de género estatal activa que refleja que una parte significativa de las desaparecidas son mujeres y niñas víctimas de trata y violencia familiar.
Lo que Europa exige, lo que México ignora.
La cobertura europea no es solo informativa. Tiene un tono de exigencia que crece. Medios académicos y organizaciones de memoria histórica en Alemania plantean abiertamente que la decisión del CED “obliga a Europa a revisar su cooperación con México en materia de seguridad y justicia”. No es una frase menor viniendo de socios comerciales y políticos del gobierno mexicano.
El informe de la ONU también llama a fortalecer los sistemas de búsqueda, la identificación forense, la protección a familias de víctimas y defensores de derechos humanos. Todo eso requiere voluntad política y recursos. Y hasta ahora, México ha respondido con comunicados de rechazo, no con resultados.
El veredicto del periodismo internacional
México la cruzó la línea hace tiempo y ya no puede regresar. Lo nuevo es que ahora el mundo lo dice en voz alta, desde Ginebra hasta Berlín, desde París hasta Londres.
133 mil personas no son una estadística. Son 133 mil familias que buscan, que preguntan, que no duermen. Son madres con fotografías en las manos recorriendo fosas. Son fiscales que archivan expedientes. Son presidentes que firman convenios internacionales mientras sus registros de desaparecidos siguen creciendo.
La Asamblea General de la ONU tiene ahora el caso de México sobre la mesa. La pregunta no es si el mundo mirará. Ya lo estás haciendo. La pregunta es si México, finalmente, decidirá verso a sí mismo.
Las opiniones expresadas esta nota periodística e informativa, se basan en fuentes oficiales de la ONU, informes del CED, cobertura de El País, BBC News Mundo, France 24 y organizaciones internacionales de derechos humanos.
