Hay millas de personas en el Edomex que van a un centro de rehabilitación y nadie les garantiza que quien los “ayuda” sabe lo que hace.
Susana Estrada Rojas, diputada de Morena en la Legislatura mexiquense, presentó una iniciativa que obliga a certificar a los responsables de los centros de rehabilitación de adicciones en el Estado de México. Si no cumplen, no verán ni un centavo de recursos públicos ni privados.
La propuesta modifica el Código Administrativo estatal y le da al Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones la tarea de crear un padrón oficial de estos centros, actualizado cada año, con información de su modelo de atención y el municipio donde operan.
El dato que duele: en 2025, los centros comunitarios del Edomex atendieron 9 mil 241 casos. Miles de familias depositaron su confianza en lugares que hoy operan sin ningún aval oficial.
La diputada lo dijo sin rodeos en tribuna: "Hablar de rehabilitación es hablar de dignidad humana. Ninguna persona debe ser sometida a ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, ni emocional". Y apuntó directo: quienes ayudan a recuperarse no deben ser perseguidos por el Estado, sino respaldados.
La consecuencia política es clara. Los centros certificados podrían acceder a fondos públicos municipales, estatales y federales, además de estímulos privados. Los que no se certifican quedan fuera del sistema, sin recursos y sin reconocimiento.
Si se aprueba la reforma, los centros tendrían un año para capacitarse y solicitar la certificación. Al segundo año, ya sería obligatorio.
Esto no es burocracia: es la diferencia entre una persona que sale adelante y una que sale peor de como entró.
