En el Estado de México, abrir un libro podría ser, por fin, un derecho con rostro. El Congreso mexiquense aprobó la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, una apuesta por acercar las palabras a las comunidades que históricamente han vivido lejos de ellas: zonas rurales, pueblos originarios y personas en situación de vulnerabilidad.
El dictamen, impulsado por la iniciativa del diputado Edgar Samuel Rios de Morena y de la bancada de Movimiento Ciudadano, incorpora materiales en lenguas indígenas, sistema braille y formatos accesibles, además del fortalecimiento de bibliotecas y campañas públicas. La nueva ley define responsabilidades para las secretarías de Cultura y Educación, el Consejo Editorial y los ayuntamientos, y ordena la creación de un Programa Estatal que diagnostique hábitos lectores, infraestructura disponible y brechas educativas.
El objetivo: articular una política pública que estimule la creación literaria, respalde a la cadena del libro y convierta la lectura en una herramienta cotidiana de inclusión. “No es solo una ley, es una puerta que se abre”, coinciden legisladoras y legisladores. Y detrás de esa puerta, millas de historias esperan ser leídas por primera vez.
