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Salud y acciones contra adicciones impulsa legisladora mexiquense.



Hablar de salud pública ya no puede separarse de la salud mental. Con esa premisa, la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena) anunció que impulsará iniciativas en el Congreso mexiquense para la detección temprana de neurodivergencias y adicciones, así como para regular los protocolos en centros de atención especializados.

Durante el foro Avances y retos de la neurociencia en México, sostuvo que identificar a tiempo estas condiciones desde las escuelas puede prevenir adicciones, depresión, ansiedad y soledad en niñas, niños y adolescentes. También planteó destinar mayor presupuesto a la investigación neurocientífica.



Como presidenta de la Comisión de Salud, subrayó que la regulación buscará diferenciar el internamiento voluntario de la privación ilegal de la libertad, garantizar la atención ética y coordinar esfuerzos con instituciones públicas. Especialistas advirtieron el aumento del consumo de metanfetaminas entre jóvenes y coincidieron en que la neurociencia ya es un factor estratégico para el desarrollo social.

Más presupuesto en programas sociales para más bienestar de familias mexiquenses aprueba congreso del Edomex.



 El Congreso del Estado de México avaló para 2026 un gasto social sin precedentes: más de 21 mil 116 millones de pesos destinados a programas sociales, convertidos en eje central del presupuesto impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. No es un ajuste menor: el rubro crece 13% respecto a 2025, con un incremento superior a los 2 mil 424 millones de pesos.

El Paquete Fiscal 2026 deja claro el mensaje político y presupuestal de esta administración: priorizar a quienes históricamente han quedado al margen. “Por el bien de todos, primero los pobres”, subraya el documento oficial al justificar la ampliación del gasto social como una estrategia de justicia e inclusión.

Los mayores recursos se concentran en Mujeres con Bienestar, con 10 mil 573 mdp para apoyar a 650 mil mujeres; Alimentación para el Bienestar, con 4 mil 498 mdp; Personas con Discapacidad, con mil 191 mdp; Útiles escolares y becas, con 2 mil 047 mdp; y apoyos al campo, con mil 26 mdp, además de otros programas sociales y comunitarios.

El presupuesto insiste en una clave narrativa: no se trata de asistencialismo, sino de inversión pública para fortalecer capacidades, autonomía económica y un bienestar con bases duraderas.


95% de leyes y decretos se aprobaron por unanimidad en el Congreso mexiquense.



Cuando el consenso parecía imposible, la LXII Legislatura del Estado de México presume un dato que pesa: 95% de sus leyes y decretos aprobados por unanimidad. No solo número, sino contenido: endurecimiento de penas contra despojo, “montachoques”, préstamos “gota a gota”, violencia digital, acoso, delitos ambientales y protección frente a abusos que vulneran libertades.

 Desde la despenalización del aborto hasta sanciones a matrimonios infantiles, creación del juzgado LIBRE, atención sin discriminación a personas con VIH, fortalecimiento de programas sociales, educación socioemocional, seguridad, transparencia y reformas judiciales, la agenda avanzó entre 577 iniciativas y 100 acuerdos.

Morena con mayoría, pero —según su coordinador José Francisco Vázquez— con diálogo, escucha y participación de todas las bancadas: 281 reuniones, acuerdos, desacuerdos y una promesa: lo pendiente se discutirá con viabilidad real. El Congreso mexiquense presume reformas de fondo, presupuesto austero y un mensaje político claro: cuando hay voluntad y pluralidad, la ley deja de ser discurso y se convierte en respuesta para la ciudadanía.


Más atribuciones a policías en el Edomex, analizan legisladores.


La LXII Legislatura mexiquense analizará una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que plantea incorporar de forma directa a la Secretaría de Seguridad, a las policías estatales y municipales, en la investigación de delitos, cada una, dentro de su competencia.


La propuesta busca consolidar un modelo integral: persecución del delito, atención a sus causas, recuperación del espacio público y generación de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno como eje para recomponer la cohesión social.


El documento propone armonizar la Constitución local con la federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese marco, las instituciones policiales auxiliaron al Ministerio Público y se reafirman que la seguridad pública es una función concurrente entre Federación, Estado y municipios, orientada a proteger la vida, los derechos, las libertades y el patrimonio de las personas.



Leída en la Diputación Permanente por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), la iniciativa detalla que la seguridad pública abarca la prevención, investigación y persecución de delitos; supervisión de la prisión preventiva; ejecución de sentencias; reinserción social y sanción de faltas administrativas.


La actuación institucional, subraya, deberá regirse por principios como autonomía, federalismo cooperativo, protección de la dignidad humana y respeto irrestricto a los derechos humanos.


La reforma se sostiene en una realidad ineludible: según la ENVIPE, el 71.3% de la población mexiquense identifica a la inseguridad como uno de los principales problemas. Un dato que vuelve urgente fortalecer el marco legal y las capacidades del Estado para responder a una demanda social que ya no admite dilataciones.


Hasta 20 años de cárcel por abuso sexual y 9 años por hostigamiento en el Edomex .



Esta tarde,  la Legislatura mexiquense permitió endurecer las sanciones por abuso y hostigamiento sexual, elevarlas hasta 20 y 9 años de prisión respectivamente y establecer su persecución de oficio bajo perspectiva de género.

Las reformas, impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez, amplían los supuestos que configuran estos delitos, garantizan reparación integral y obligan a los agresores a someterse a talleres reeducativos. Para la diputada Zaira Cedillo, este paso suma al esfuerzo nacional por homologar sanciones y cerrar espacios a la impunidad.




El dictamen redefine el abuso sexual: cualquier acto sin consentimiento, desde toques hasta exhibición forzada, incluso cuando el silencio o la pasividad anulen la voluntad. Las penas escalan si la víctima es menor, está en vulnerabilidad o existe relación de confianza, subordinación o uso de cargo público. En esos casos, además de prisión, el agresor perderá la tutela o será destituido.

El hostigamiento sexual también se fortalece: penas más altas, inhabilitaciones y castigos a funcionarios o personal educativo que lo ejerzan. Y, por primera vez, se sancionará con cárcel a servidores públicos que disuadan o eviten recibir una denuncia.

Al final, la sesión dejó un mensaje claro: proteger a las víctimas desde el primer acto y cerrar el camino a cualquier forma de abuso.


Avalan paquete fiscal 2026 en comisiones, pero con reservas.



El acuerdo tomó forma entre voces distintas: todas las bancadas coincidieron en un punto clave para 2026. Las comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron por unanimidad el paquete fiscal enviado por la gobernadora Delfina Gómez, un proyecto que fija 410 mil 342 millones de pesos sin contratar deuda por tercer año consecutivo.


El dictamen integró ajustes de todos los grupos parlamentarios: desde el fortalecimiento a seguridad, salud, agua, medio ambiente y pueblos indígenas, hasta la eliminación del aumento gradual en los años requeridos para la jubilación en el ISSEMyM. Morena, PT y PVEM impulsaron ese cambio, considerado uno de los más sensibles del debate.

También avanzaron incrementos para vialidades, desarrollo urbano, deporte, cultura, combate a feminicidios, desapariciones y abasto de medicamentos. PAN, PRI, MC y PRD impulsaron recursos para seguridad municipal, mantenimiento de carreteras y fiscalización clara del gasto.



Francisco Vázquez, presidente de la Jucopo, subrayó que el consenso logrado refleja un Congreso que, pese a las diferencias, “sabe construir para la gente”. En los pasillos, la idea se repetía en voz baja: cuando el presupuesto incluye a todos, la negociación pesa más que la disputa.


La protección de las mujeres es una responsabilidad pública, afirma Presidente de la JUCOPO del Edomex.



En el marco de los 16 Días de Activismo, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez llamó a asumir la protección de las mujeres como una responsabilidad del Estado, durante la Tercera Caminata Naranja realizada en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, con la participación de más de 700 servidores y servidores públicos.


“Ninguna mujer debe vivir con miedo”, afirmó, al reconocer que la violencia habita en hogares, escuelas, trabajos y calles, dejando heridas profundas en familias y comunidades. El Congreso mexiquense, aseguró, mantendrá acciones para garantizar la seguridad, dignidad y derechos.


Desde el OSFEM, Liliana Dávalos Ham subrayó que esta caminata va más allá de cargos o siglas: es un acto colectivo para visibilizar, reflexionar y actuar. Funcionarias y funcionarios de distintas dependencias se sumaron al recorrido, como muestra de que cada paso importante.



La actividad integra una campaña global que inicia el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, recordando que la paz para las mujeres no es consigna: es una urgencia compartida.


Propone PVEM crear registro de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.



En el Congreso del Estado de México, la bancada del PVEM, que coordina José Alberto Couttolenc, presentó una iniciativa para crear el Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, un padrón público donde se inscribiría, con sentencia penal firme, a quienes hayan ejercido violencia digital, mediática, política o cualquier agresión que vulnere la integridad, la intimidad, la libertad o la vida de las mujeres.

La propuesta, expuesta por Alejandra Figueroa, advierte que el acoso cibernético y la difusión no consentida de imágenes íntimas no son simples conflictos virtuales: son mecanismos de control que silencian, humillan y perpetúan la desigualdad ahora en el ciberespacio. 

La Secretaría de Seguridad administraría el registro en su portal oficial, bajo lineamientos claros de inscripción, actualización y cancelación, sin incluir —bajo ninguna circunstancia— datos de las víctimas.

En casos de violencia digital o mediática, jueces y ministerios públicos podrían ordenar de inmediato el bloqueo o eliminación de contenidos y cuentas en plataformas y redes sociales para proteger a la víctima.

 La reforma también amplía el concepto de violencia política de género, incluyendo campañas de difamación, calumnias perfiles y falsos. En un entorno donde la agresión viaja en segundos, esta iniciativa busca poner un alto con respaldo legal y dejar constancia pública de quien cruza esa línea. Detrás de cada denuncia, hay una mujer que exige ser escuchada y, sobre todo, protegida.