Estado de México

Legislatura

Toluca

Municipios

Armas en las aulas: la escalada silenciosa que México no puede ignorar



Imagina esto: tu sobrino o hijo de 13 años sacando una pistola de su mochila en el recreo para "presumir". No es ficción de Hollywood. En México, desde 2019, los incidentes con armas reales en escuelas –tiroteos, amenazas cara a cara e ingresos a planteles, sin contar juguetes ni ciberamenazas– han explotado. Pasamos de 11 casos en 2019 a 30 en 2025, récord histórico, y ya van 17 en 2026 hasta marzo.

La ola imparable: números que duelen

Analicé la base de datos del investigador Víctor Sánchez Sandoval (Universidad de Coahuila): 143 incidentes desde 2000. El pico post-pandemia es brutal: 2021 bajó a 8 por cierres escolares, pero 2022 repuntó a 15, 2023 a 20, 2024 a 25. ¿Resultado? 15 muertos y 30 heridos en eventos letales.

El bullying, acoso y deterioro de entornos escolares post-pandemia impulsan la normalización de llevar armas para “protegerse” o presumir.

La influencia de redes sociales, los foros o comunidades de la red oscura, grupos de telegram y violencia en las series Netflix, junto a problemas de salud mental en adolescentes, la falta de redes de ayuda han exacerbado el fenómeno.

Ranking por Estado (2000-2026, foco post-2019)

Nuevo León lidera, empatan CDMX, Tamaulipas y Puebla. Concentran ~70% del recuento reciente.


Estadoincidentes totaleslugarSaldo
Nuevo león11 Monterrey con 6 casos 4 heridos, 2 muertos
Ciudad de México10Venustiano Carranza con 3 casos2 heridos, 1 muerto
Tamaulipas10
Ciudad Victoria con 4 casos1 herido, 1 muerto
Puebla10
Capital 5 casos1 herido, 1 muerto
Estado de México8
Valle de México2 heridos

 ¿ Por qué ahora? Las raíces del caos

No es casualidad. Fácil acceso doméstico (20 de 143 casos ligados a "herencia familiar"), bullying que empuja a "defenderse" con fierros, y el pos-COVID que destrozó la cohesión escolar. Redes sociales normalizan la violencia: chavos graban TikToks con armas antes de actuar.

Otras formas, señalan, son las frustraciones sociales con las que lidias, la ultraviolencia que viven en el país, la normalización de los discursos separatistas sobre grupos sociales, económicos, sociales, de raza, sexuales, la justificación de la fuerza, la falsa esperanza de igualdad y justicia promovidas por el orden gubernamental, figuras de poder o personas con alta retórica.  

Expertos como Víctor Sánchez Valdés atribuyen el repunte a falta de regulación doméstica y políticas preventivas insuficientes.

Casos Emblemáticos

En 2017, un estudiante de 16 años realizó el primer tiroteo masivo en el Colegio Americano del Noreste, Monterrey, matando a una profesora y contratando a compañeros con una .22 LR sacada de su mochila.

En 2020, un niño de 11 años en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, mató a una maestra e hirió a seis personas con dos pistolas.

En marzo de 2026, un adolescente de 15 años en Michoacán mató a dos maestras en la entrada de una escuela tras una discusión, tras grabar un video con el arma.

México vs. el Tío Sam: lecciones amargas

EE.UU. suma 2,515 incidentes desde 1999 (218 muertos), ~17 veces más que nosotros pese a menos estudiantes. Ellos promedian 170-250 al año; nosotros, de 11 a 30. Su "cultura de armas" legal (400M unidades) vs. nuestro tráfico ilegal explica la brecha. Pero ojo: ambos padecemos bullying y medios violentos. La diferencia: allá son masivos; aquí, "presunción y amenaza".

La SEP responde con el "Operativo Mochila" desde 2017, pero no frena la marea. Necesitamos regulación en hogares, psicólogos en escuelas y desconexión de redes tóxicas.

Chavos millennials y gen Z: esto nos pega directo. ¿Hablamos de salud mental sin tabúes? Compartir, debatir. México no puede ser el próximo Uvalde.



Hasta 4 pesos subirá el precio de la tortilla en el Edomex.

 


A partir del 15 de abril, el precio de la tortilla aumentará entre 2 y 4 pesos y no hay manera de evitarlo.


Lo anterior, expresado por Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Destacó que desde hace 3 años no sube este producto básico y que en la zona centro se reporta el precio más bajo. 


El aumento se reporta a que, asegura, tienen un déficit en refacciones, los programas sociales para jóvenes, la competencia desleal, la corrupción gubernamental y la falta de políticas públicas para llegar a una regulación de las expendedoras. 


Destacó que en la Ciudad de México y el Estado de México, la tortilla cuesta entre $22 y $24 el kilo, mientras que en Sonora, Baja California y Cancún, puede llegar hasta a $32, debido a la inseguridad y costos de transporte. 


Señala que en lugares donde cuesta 22 pesos, podría subir 4 pesos más y donde cuesta casi 26, se elevaría subir costo hasta 28 pesos. 


Por último, aclaró que “ya es tarde” para poder frenar el aumento debido a que desde hace año y medio se estuvo trabajando sin resultados por parte de las autoridades federales. “No se para que tenemos instituciones hoy, sino hacen su trabajo” esto debido a que el acuerdo nacional que se trabajó con la presidenta de México, puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo “no funciona”.   

México: un país de desapariciones ante el mundo. Edomex el epicentro oculto.



Pocas veces un informe internacional me ha golpeado con la contundencia del documento que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) acaba de publicar sobre México. No es retórica diplomática. Es un veredicto.

133 mil 215 personas desaparecidas o no localizadas. Ese es el número que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de México acumula desde 1962, cifra que la propia ONU reconoce públicamente y que, advierte, podría estar subestimada porque miles de casos nunca se denuncian. Para ponerlo en perspectiva: es más gente que toda la población de ciudades como Andorra o San Marino. Una nación entera de ausentes.

Lo que la ONU dice y lo que Europa escucha.

El CED no usa palabras menores. Sus expertos concluyen que existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y siguen cometiendo de forma sistemática, lo que las coloca en la categoría de crimen de lesa humanidad. Como consecuencia, el Comité invocó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU llevar el caso de México directamente a la Asamblea General. Es una medida excepcional. Una medida de última instancia.

En Europa, la respuesta editorial ha sido contundente. Medios como El País, France 24, la BBC y publicaciones especializadas en derechos humanos de Alemania han cubierto el informe con un denominador común: México ya no puede presentarse ante la comunidad internacional como un país con problemas de seguridad manejables. Es, en palabras de organizaciones alemanas como SIPAZ, “un país de desaparecidos”.

El País, que ha dado el mayor relevo político-editorial al informe, recuerda que el gobierno mexicano rechazó el documento calificándolo de “parcial y sesgado” por omitir supuestos avances institucionales desde 2018. Pero frente a 133 mil expedientes abiertos, el argumento diplomático se cae solo. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, calificó la decisión del CED como “histórica” y pidió a la Unión Europea presionar a México para exigir investigaciones y reparaciones reales.

Los números que acusan

Los datos del informe y su cobertura europea pintan un cuadro devastador:

- 98% de impunidad: casi la totalidad de los casos de desaparición en México no terminan en condena alguna. El sistema judicial no funciona frente a este delito.

- Más de 4 mil 500 fosas clandestinas encontradas en el país, con decenas de millas de restos sin identificar.

- 5 estados concentran entre el 44% y el 48% de todos los desaparecidos del país: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.

- La ONU señala responsabilidad no solo del crimen organizado, sino complicidad, participación y negligencia de las autoridades del Estado mexicano.


El Estado de México: el epicentro oculto.

Uno de los datos que menos se discute en la agenda nacional, pero que los organismos internacionales tienen muy presente, es que el Estado de México ha desplazado a Jalisco como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el país, acumulando cerca de 14 mil 700 registros. No es casualidad. Es el estado más poblado de México, colinda con la capital y concentra circuitos criminales de secuestro, trata de personas, extorsión y reclutamiento forzado.

Sus municipios más golpeados son un mapa de la desigualdad metropolitana:

Ecatepec de Morelos encabeza la lista. El municipio más poblado del estado —con más de 1.6 millones de habitantes— registra una cifra altísima de desapariciones, producto de redes criminales activas, policías locales desbordadas y una fiscalía que no da abasto. Le siguen Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, ambos en la zona conurbada con la Ciudad de México, con millas de expedientes acumulados, muchos de ellos de jóvenes varones y mujeres en contextos de violencia y vulnerabilidad.

Toluca, la capital estatal, registra desapariciones de estudiantes, trabajadores migrantes y personas en situación de calle que transitan por su perímetro. Y en el oriente del estado, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca y Chimalhuacán concentran casos ligados a trata de personas y reclutamiento criminal en zonas de alta marginación. Completan el mapa de la tragedia: Tultitlán, Tecámac, Cuautitlán y Naucalpan.

Un denominador común atraviesa todos estos municipios: instituciones de seguridad desbordadas, fiscalías lentas, falta de coordinación forense y una alerta de violencia de género estatal activa que refleja que una parte significativa de las desaparecidas son mujeres y niñas víctimas de trata y violencia familiar.


Lo que Europa exige, lo que México ignora.

La cobertura europea no es solo informativa. Tiene un tono de exigencia que crece. Medios académicos y organizaciones de memoria histórica en Alemania plantean abiertamente que la decisión del CED “obliga a Europa a revisar su cooperación con México en materia de seguridad y justicia”. No es una frase menor viniendo de socios comerciales y políticos del gobierno mexicano.

El informe de la ONU también llama a fortalecer los sistemas de búsqueda, la identificación forense, la protección a familias de víctimas y defensores de derechos humanos. Todo eso requiere voluntad política y recursos. Y hasta ahora, México ha respondido con comunicados de rechazo, no con resultados.


El veredicto del periodismo internacional

México la cruzó la línea hace tiempo y ya no puede regresar. Lo nuevo es que ahora el mundo lo dice en voz alta, desde Ginebra hasta Berlín, desde París hasta Londres.

133 mil personas no son una estadística. Son 133 mil familias que buscan, que preguntan, que no duermen. Son madres con fotografías en las manos recorriendo fosas. Son fiscales que archivan expedientes. Son presidentes que firman convenios internacionales mientras sus registros de desaparecidos siguen creciendo.

La Asamblea General de la ONU tiene ahora el caso de México sobre la mesa. La pregunta no es si el mundo mirará. Ya lo estás haciendo. La pregunta es si México, finalmente, decidirá verso a sí mismo.


Las opiniones expresadas esta nota periodística e informativa, se basan en fuentes oficiales de la ONU, informes del CED, cobertura de El País, BBC News Mundo, France 24 y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Tras muerte de líder criminal, Toluca toma acciones de seguridad.


La noticia sacudió al país y levantó alertas locales. La presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, no solo se estremeció a Jalisco: obligó a Toluca a mirar de frente su propia seguridad.

Tras los hechos en Tapalpa, donde la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el líder criminal murió luego de un enfrentamiento y durante su traslado aéreo a la CDMX, el alcalde de Toluca ordenó alerta preventiva. El mensaje fue directo: coordinación permanente con fuerzas estatales y federales, refuerzo en puntos estratégicos y monitoreo continuo.



En Guadalajara, la reacción fue inmediata: quema de vehículos y bloqueos. La tensión regional elevó el pulso. En Toluca, la apuesta se anticipa.

“Proteger a las familias toluqueñas es la prioridad”, publicó el edil. Presencia, inteligencia y respuesta oportuna, como línea de acción.

La violencia no es un hecho aislado; es un eco que viaja. Y hoy, la ciudad intenta blindarse antes de que ese eco toque su puerta.

Detienen a conductora que arrastró a motociclista en Iztapalapa.

 


La huida terminó lejos de la Ciudad de México. En Oaxaca fue detenida Gaby “N”, señalada como la presunta responsable del homicidio de Roberto Hernández, el motociclista de 52 años que murió tras ser embestido y arrastrado en Iztapalapa el pasado 3 de enero.

La Fiscalía capitalina confirmó que la captura se realizó en Ejutla de Crespo, mediante un operativo conjunto entre la Policía de Investigación de la CDMX y la Fiscalía de Oaxaca. Las indagatorias acreditaron que no se trató de un simple hecho vial: el vehículo continuó su marcha varios metros con la víctima debajo, elemento clave para reclasificar el caso como homicidio calificado.



El expediente se mantuvo con análisis de videograbaciones, testimonios y peritajes en mecánica y reconstrucción de hechos. Con esas pruebas, un juez de control liberó la orden de aprehensión.

El caso generó indignación en la zona oriente de la ciudad. La familia denunció que la conductora ocultó el automóvil azul en Nezahualcóyotl, retiró las placas e incluso intentó simular su robo. Tras su detención, Gaby “N” fue trasladada al penal femenino de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Para los dioses, la justicia apenas empieza a moverse.


Piden que intervenga Gobierno del Edomex en caso de turistas desaparecidos en Mazatlán.


El viaje que debía celebrar una vida hoy una ausencia. A una semana de la desaparición de cuatro turistas originarios de Ixtlahuaca en Mazatlán, Gregorio Ramírez —padre de tres jóvenes y suegro del cuarto— alzó la voz para exigir la intervención directa del Gobierno del Estado de México y presionar a las autoridades de Sinaloa. Dice que, hasta ahora, la búsqueda no arroja resultados visibles ni información clara. Lo que se observa es que la coordinación entre Estados no ha funcionado. 

La familia viajó a Mazatlán para festejar los 50 años de la esposa de Gregorio. Lo que prometía descanso terminó en tragedia: sus hijos y su año fueron privados de la libertad mientras conducían unos vehículos todoterreno que como cualquier turista alquilaron para divertirse. Desde entonces, aunque Sinaloa asegura mantener operativos, los familiares acusan simulación, opacidad y falta de confianza institucional.


“Fuimos como turistas y mis hijos ya no regresaron”, relató Gregorio al acudir al Palacio de Gobierno acompañado de vecinos y amigos. Asegura que la única gestión concreta en el Estado de México ha venido de la alcaldesa de Ixtlahuaca, Guadalupe Díaz, sin que ello se traduzca en acciones efectivas ni en avances claros.

El padre también lanzó una advertencia: si no hay respuesta, vendrán las protestas. No descarta bloqueos carreteros en varios estados con apoyo de transportistas y colectivos ciudadanos. “La gente debería pensarlo dos veces antes de viajar a cualquier lugar de México”, dijo.


El caso no está aislado. Para inicios de 2025, el  Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas RNPDNO reportó más de 121 mil personas desaparecidas en México. Organizaciones civiles advierten que la tendencia crece y que el rango más afectado sigue siendo el de jóvenes entre 25 y 29 años. La desaparición, hoy, no distingue edad ni destino: se ha vuelto una práctica extendida que erosiona la promesa básica de seguridad y libre tránsito.

Detrás de cada cifra hay familias esperando. Y un país que sigue llegando tarde.


Cae alcalde de Tequila en operación Enjambre.


 El alcalde Diego “N” fue detenido junto con tres funcionarios clave de su ayuntamiento durante un operativo federal de la Operación Enjambre. 

Omar García Harfuch informó que la acción derivó de denuncias ciudadanas y fue coordinada por Defensa, Marina, FGR, SSPC y CNI. También cayeron los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. 

Según la revista Proceso, “el edil podría estar relacionado con un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado. Además, se presume un aparente vínculo con una célula delictiva con origenes en Jalisco.

El golpe se inscribe en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordemos que en el Edomex, esta operación dejó decenas de detenidos y sentencias en 2025. Ediles como el de Santo Tomás y la Alcaldesa de Amanalco también fueron detenidos en este operativo meses atrás. 

Cae implicado en el ataque con diputados de MC en Sinaloa.


 

La violencia política en Sinaloa ya tiene un primer nombre detenido. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de uno de los responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido a plena luz del día en Culiacán.


Se trata de Jesús Emir “N.”, identificado como halcón del crimen organizado. De acuerdo con García Harfuch, el detenido operaba el control de radios de comunicación, instalaba cámaras para vigilar los movimientos de las autoridades y gestionaba la adquisición de drones para la célula criminal.

 


El ataque ocurrió el 28 de enero, cuando los legisladores Sergio Torres Félix —también dirigente estatal de MC— y Elizabeth Montoya Ojeda salieron del Congreso local a bordo de una camioneta blanca. Al cruzar un paso peatonal en la zona del Malecón Viejo, cerca de las oficinas del partido, fueron interceptados por hombres armados que, según testigos, se desplazaban en motocicleta. Una escolta y el chofer también resultaron heridos.


En la parte médica más reciente, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que Sergio Torres presenta mejoresías, aunque permanece grave y en terapia intensiva. Elizabeth Montoya evoluciona de forma favorable, pero continúa hospitalizada sin fecha de alta. La investigación sigue abierta, mientras la política sinaloense intenta recomponerse tras el impacto de las balas.


Ataque armado deja 14 fallecidos en campo de fútbol de Guanajuato.



La cancha estaba llena de gritos, no de balas. Pero en segundos, el fútbol amateur en la zona norte de Salamanca se convirtió en un campo de exterminio. La tarde del domingo dejó al menos 14 personas asesinadas y cinco más gravemente heridas en uno de los ataques más crudos registrados en Guanajuato en lo que va del año.


La violencia irrumpió sin aviso en la comunidad de Loma de Flores , cuando sujetos armados llegaron en al menos tres camionetas al complejo conocido como Campos de las Cabañas . Eran minutos antes de las 17:30 horas. Descendieron con armas de alto poder y abrieron fuego de forma indiscriminada contra jugadores y asistentes, sin distinguir edades ni espacios. Había familias. Había menores.



El pánico fue inmediato. Personas corriendo, otras tirándose al suelo, algunas más atrapadas entre las detonaciones. Cuando el estruendo cesó, el pasto quedó cubierto de cuerpos. Autoridades confirmaron 14 fallecidos, en su mayoría hombres, aunque aún no se ha precisado cuántos eran menores de edad. Al menos cinco heridos permanecen en estado crítico, por lo que la cifra podría aumentar.


Tras el reporte al 911 , la zona fue tomada por un fuerte despliegue de la Guardia Nacional , Ejército , Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal . No hubo detenidos. En el lugar, peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron más de 100 casquillos percutidos de calibres de alto poder.



El Gobierno Municipal de Salamanca condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias. Mientras tanto, la Fiscalía inició las investigaciones. Otra cancha quedó en silencio. Otro domingo terminó en luto. Guanajuato vuelve a contar muertos.