El 90% de los 362 incendios registrados en el Estado de México este año los provocaron una persona. No un rayo. No el sol. Una persona.
El diputado Carlos López Imm, del Partido Verde, se paró ante la LXII Legislatura mexiquense y puso sobre la mesa una propuesta que va más allá de meter a alguien a la cárcel: quien provoque un incendio forestal —ya sea a propósito o por descuido— tendrá que trabajar entre 50 y 200 horas restaurando lo que destruyó. Reforestar, educar comunidades, prevenir futuros siniestros. En otras palabras: limpiar su propio desastre.
Y eso se suma a lo que ya existe: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 117 mil pesos.
El dato que deberíamos preocuparnos a todos: casi la mitad del territorio del Estado de México —más de un millón de hectáreas de bosque— abastece de agua a cerca de 40 millones de personas. Cada hectárea que se quema le cuesta al erario más de un millón y medio de pesos solo en combate y restauración, sin contar helicópteros, caminos destruidos ni los seguros de vida de los brigadistas que arriesgan todo ahí adentro.
En municipios como Valle de Bravo, Temascaltepec o Tlatlaya, hay familias que despiertan con olor a humo y voltean hacia los cerros esperando no ver fuego. Esta temporada ya lo vivieron 362 veces.
La iniciativa todavía tiene que ser votada, pero manda una señal política clara: ya no basta con castigar. Hay que obligar a reparar.
Porque destruir un bosque no debería salir gratis y mucho menos quedarse impune.
