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Alcalde de Toluca y Diputados locales respaldan desarme voluntario en el Edomex


Legisladores y el Alcalde de Toluca acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la ceremonia del mismo voluntario. En la jornada que se llevó a cabo en San Pablo Autopan, se confirmó que en el Estado de México se han retirado 260 mil artefactos peligrosos de manos civiles. No son cifras infladas. Son armas, granadas y explosivos que ya no están en casas, callejones ni manos equivocadas.

El dato que cambió el ritmo de la tarde: 30 mil armas de fuego aseguradas directamente a la delincuencia. Eso no es prevención teórica. Es desmantelamiento.


Durante su mensaje, el Alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida señaló que  respalda el plan federal con trabajos de inteligencia y operativos conjuntos que suman de manera eficaz recursos y esfuerzos, priorizando la cooperación institucional y la prevención. 

La diputada presidenta de mesa directiva de la diputación permanente, Martha Camacho, acudió también a este evento. 



La consecuencia política es clara. Mientras otros gobiernos locales hablan de estrategia, Gómez está invirtiendo en 35 territorios de paz con servicios reales: salud, educación, centros comunitarios. En Toluca habrá uno de los cien Centros México Imparable que se construyen en el país. La lógica es brutal: sin armas y con oportunidades, la violencia pierde oxígeno.

Lo que está pasando en el norte de la capital mexiquense no es noticia de relleno. Es reconstrucción de lo que la inseguridad dañó durante años.

Líderes de COREMEX se enriquecen mientras trabajadores pierden su PTU: denuncian nepotismo en Lerma, Fugra y Bocar



Mientras cientos de trabajadores en Lerma, Fugra y Bocar preparan huelga por una ganancia que ya existe pero sus líderes se niegan a repartir, Carlos Gamboa—delegado sindical de COREMEX—estrenó una camioneta de 500 mil pesos. La contradicción es brutal.

Las denuncias no vienen de rumores: trabajadores que conviven con esta dirigencia aseguran que existe un círculo cerrado donde Gamboa, Eloy Espinosa y Miguel Meneses (líder del sindicato) distribuyen beneficios entre familiares y allegados, mientras la base recibe explicaciones vagas. Algunos parientes operan como prestanombres, cobrando sin justificación visible.

El patrón ya se repite en otros estados. Zacatecas y Morelos documentaron durante años estos mismos manejos. Aquí, en el Edomex, es casi idéntico: recursos del sindicato destinados a acuerdos con empresas que terminan en bolsillos selectos, no en los salarios de quienes generan esos acuerdos.

Lo más grave no es el dinero desaparecido. Es que hablar cuesta. Los trabajadores que denuncian enfrentan silencio dentro del sindicato, silenciosa presión, miedo. Por eso la acumulación de testimonios es tan significativa: alguien rompió el hielo.

Trabajadores ya solicitaron a las autoridades federales investigar el enriquecimiento sospechoso. Las huelgas están a punto de explotar. El sistema que protege esta operación empieza a colapsar desde adentro.

Presidente de la JUCOPO se reúne con autoridades del IEEM



El Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la JUCOPO del Congreso Mexiquense se reunió con la Consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido donde se cerró el acuerdo con autoridades electorales y tribunales: la elección judicial se corre dos años. Punto final para 2026.

Lo que el Congresista local llamó “certeza, legalidad y transparencia” es, en realidad, tiempo extra. Dos años más para que el estado ajuste su constitución y reescriba las leyes que rodean cómo elegiremos a nuestros jueces. Si esperas cambios en la impartición de justicia, la espera será larga.

Los números importantes: 60 días para reformar la constitución estatal, 90 para actualizar las leyes secundarias. Lo que suena simple en los comunicados oficiales significa que durante dos años la judicatura local seguirá como está, con sus ruedas girando al mismo ritmo. Para quien necesita un juzgado diferente, eso importa.

Vázquez insistió en que el aplazamiento fortalecerá la justicia. Los números hablan de coordinación entre instituciones, reuniones hechas, reformas aprobadas el 29 de mayo. Pero la realidad es que en el Estado de México, la renovación judicial esperará. Mientras tanto, la estructura sigue igual.

Tribunal de Disciplina Judicial somete a examen a los jueces que tú elegiste con tu voto



Los jueces del Edomex que ganaron su cargo en las urnas ahora tienen que demostrar que saben hacer su trabajo — y tienen fecha límite.

El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México abrió este 1 de junio el registro para la segunda fase de evaluación de los jueces electos por voto ciudadano. Tienen hasta el 10 de junio para inscribirse en la plataforma de la Escuela Judicial.

No es voluntario. Es parte de la Reforma Judicial que arrancó en marzo de 2026, donde cada juez electo debe acreditar que domina su materia, atiende bien a los usuarios y administra correctamente su juzgado.

Los exámenes teóricos son el 24 y 25 de junio. Los prácticos, del 29 de junio al 2 de julio. Los resultados se publican el 10 de julio — sin zonas grises.

Si un juez reprueba, su permanencia en la carga entra en riesgo directo. Eso cambia las reglas del poder judicial como lo conocías.

Por primera vez, un juez mexiquense puede perder su puesto no por escándalo, sino por no saber.

Registro: ejem.edu.mx/registroaspirantes

El Congreso del Estado de México avala impulsar la Ley de Cuidados propuesta por Delfina Gómez.



Miles de madres mexiquenses trabajan 40 horas semanales sin que el Estado lo reconozca. Eso está a punto de cambiar.

Legisladores de la LXII Legislatura del Estado de México respaldaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para crear la Ley del Derecho al Cuidado Digno, una norma que reconocería legalmente el trabajo que hacen, en su mayoría mujeres, al cuidar hijos, adultos mayores o personas enfermas, sin recibir ninguna protección del Estado.


Las diputadas Zaira Cedillo y Ana Yurixi Leyva fueron directas: las mujeres mexiquenses dedican hasta 40 horas semanales a este trabajo, mientras que los hombres apenas 18. Ese desequilibrio tiene un costo económico real: 8.4 billones de pesos anuales en trabajo no remunerado que sostiene toda la dinámica productiva de la entidad.

La propuesta no solo nombraría este trabajo; obligaría al gobierno estatal a protegerlo con presupuesto, instituciones y garantías jurídicas concretas. Ocho de cada 10 familias mexiquenses tienen a alguien que necesita cuidados, y siete de cada 10 cuidadores ya presentan daños físicos o mentales por esta labor.


El diputado Maurilio Hernández pidió abrir un parlamento abierto antes de su aprobación. La legisladora Ruth Salinas exigió que el presupuesto del Sistema de Cuidados sea progresivo e irreversible, sin importar quién gobierne.

Lo que durante décadas fue invisible, está a punto de convertirse en ley.