Una puerta para reabrir la justicia podría abrirse en el Estado de México: revisar sentencias “firmes” cuando hayan sido obtenidas con fraude, colusión o pruebas falsas.
Durante una sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Héctor Macedo García, solicitar formalmente al Congreso la declaratoria para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en 2023.
La figura jurídica se llama nulidad de juicio concluido y permitiría impugnar sentencias que ya causaron ejecutoria cuando se compruebe fraude procesal, falsa representación o procesos realizados sin conocimiento de alguna de las partes.
El debate no es menor: si el Congreso local legisla sin alinearse al Código Nacional, podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad, por lo que los legisladores pidieron definir con claridad la fecha de entrada en vigor y los mecanismos para evitar abusos. Magistrados del tribunal aclararon que no se trata de reabrir todos los casos, sino de corregir procesos donde “la justicia solo era aparente”.
Si una sentencia se obtiene con mentiras o manipulación, ¿debería poder anularse aunque ya sea definitiva? ¿O abrir esa puerta podría generar más conflictos legales?
