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Presidente de la JUCOPO se reúne con autoridades del IEEM



El Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la JUCOPO del Congreso Mexiquense se reunió con la Consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido donde se cerró el acuerdo con autoridades electorales y tribunales: la elección judicial se corre dos años. Punto final para 2026.

Lo que el Congresista local llamó “certeza, legalidad y transparencia” es, en realidad, tiempo extra. Dos años más para que el estado ajuste su constitución y reescriba las leyes que rodean cómo elegiremos a nuestros jueces. Si esperas cambios en la impartición de justicia, la espera será larga.

Los números importantes: 60 días para reformar la constitución estatal, 90 para actualizar las leyes secundarias. Lo que suena simple en los comunicados oficiales significa que durante dos años la judicatura local seguirá como está, con sus ruedas girando al mismo ritmo. Para quien necesita un juzgado diferente, eso importa.

Vázquez insistió en que el aplazamiento fortalecerá la justicia. Los números hablan de coordinación entre instituciones, reuniones hechas, reformas aprobadas el 29 de mayo. Pero la realidad es que en el Estado de México, la renovación judicial esperará. Mientras tanto, la estructura sigue igual.

El Congreso del Estado de México avala impulsar la Ley de Cuidados propuesta por Delfina Gómez.



Miles de madres mexiquenses trabajan 40 horas semanales sin que el Estado lo reconozca. Eso está a punto de cambiar.

Legisladores de la LXII Legislatura del Estado de México respaldaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para crear la Ley del Derecho al Cuidado Digno, una norma que reconocería legalmente el trabajo que hacen, en su mayoría mujeres, al cuidar hijos, adultos mayores o personas enfermas, sin recibir ninguna protección del Estado.


Las diputadas Zaira Cedillo y Ana Yurixi Leyva fueron directas: las mujeres mexiquenses dedican hasta 40 horas semanales a este trabajo, mientras que los hombres apenas 18. Ese desequilibrio tiene un costo económico real: 8.4 billones de pesos anuales en trabajo no remunerado que sostiene toda la dinámica productiva de la entidad.

La propuesta no solo nombraría este trabajo; obligaría al gobierno estatal a protegerlo con presupuesto, instituciones y garantías jurídicas concretas. Ocho de cada 10 familias mexiquenses tienen a alguien que necesita cuidados, y siete de cada 10 cuidadores ya presentan daños físicos o mentales por esta labor.


El diputado Maurilio Hernández pidió abrir un parlamento abierto antes de su aprobación. La legisladora Ruth Salinas exigió que el presupuesto del Sistema de Cuidados sea progresivo e irreversible, sin importar quién gobierne.

Lo que durante décadas fue invisible, está a punto de convertirse en ley.

Pueblos originarios piden sus propios municipios, legislatura mexiquense los escucha.



Cuatro comunidades originarias del Estado de México tocaron la puerta del Congreso local para convertirse en municipios independientes. No es un capricho: tienen padrón de habitantes, proyecciones financieras y años de historia que los respaldan.

La Comisión de Límites Territoriales de la Legislatura mexiquense abrió las audiencias oficiales para analizar si Atzingo, San Francisco Tlalcilalcalpan, San Pablo de las Salinas y Santa Catarina Ayotzingo pueden convertirse en nuevas demarcaciones. Comunidades tlahuicas, otomís y nahuas presentaron sus argumentos ante diputados de Morena, PVEM y PT.

El dato que sorprende: San Pablo de las Salinas tiene 157 mil habitantes —más del doble del mínimo legal— y proyecta recibir 880 millones de pesos anuales en participaciones. Atzingo, por su parte, estima ingresos de 102 millones con capacidad administrativa propia.

Si el Congreso aprueba alguna de estas creaciones, el mapa municipal del Estado de México cambia por primera vez en décadas — y los municipios actuales como Tultitlán, Ocuilan y Chalco perderían territorio, presupuesto e influencia política.

La Comisión de Límites estatal tiene 60 días hábiles para emitir dictámenes técnicos. El reloj ya corre.

Congreso mexiquense aprueba ley que anularía elecciones por injerencia extranjera. Oposición lo llama miedo a 2027.


El Congreso del Estado de México aprobó con 56 votos a favor y 18 en contra esta mañana la reforma constitucional que abre la puerta a cancelar elecciones si se acredita intervención extranjera en los resultados.

La propuesta llegó directamente del Senado y se votó en el sexto período extraordinario de sesiones. La reforma modifica el artículo 41 de la Constitución federal para incluir una nueva causal de nulidad electoral: que actores externos hayan influido en el resultado de una votación. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y obliga al INE, al TEPJF ya los organismos electorales locales a adecuar sus normas antes del 5 de junio de 2026.



PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en bloque en contra. La diputada Mercedes Colin fue directa: “Es un terror fundado de perder las elecciones de 2027”. El PRI sumó que no existe ningún antecedente reciente que justifique esta ley.



Por su parte, el legislador de Morena, Israel Espíndola respaldó esta iniciativa y destacó el trabajo de la cuarta transformación y dijo que qué pueblo de México sea quien decida, no otro país con guerra sucia, intervención y dijo que hay respaldo absoluto de su grupo parlamentario. 

Lo que también se dijo en tribuna: la reforma llega en medio de señalamientos directos contra figuras de Morena por vínculos con el crimen organizado, casos de corrupción y personas desaparecidas en municipios gobernados por ese partido.

Una ley pensada para proteger elecciones — o para controlarlas, ustedes que piensan. 

Congreso mexiquense eleva a rango constitucional los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos


Fue un movimiento histórico, que muchos no vieron venir.

La Diputación Permanente del Estado de México, encomendada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso de Morena, permitió reformar el artículo 17 de la Constitución local para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No es un programa ni una promesa: es ley.

La reforma no llegó sola. Fueda por iniciativas del PRI, Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez, y validada en seis asambleas públicas con participación de comunidades mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca de 48 municipios del estado.


Lo que cambia en concreto: estas comunidades podrán gobernarse bajo sus propias normas, proteger su medicina tradicional —incluida la partería—, usar sus lenguas, administrar recursos naturales de sus territorios y ser consultadas antes de cualquier decisión legislativa que las afecte. Además, el gobierno estará obligado a destinarles presupuesto directo.

El peso político es claro: Morena consolida una agenda de reconocimiento que conecta la reforma federal con el territorio mexiquense, justo en un momento donde la disputa por el voto indígena y rural es más relevante que nunca.

48 municipios del Estado de México tienen hoy una Constitución que por primera vez los nombra con derechos reales.

Legislatura del Edomex debate la ley que pondría nombre y valor al trabajo que millones hacen gratis en casa.


Mientras lees esto, alguien en tu familia cuida a un niño, un enfermo o un anciano sin que nadie le pague ni lo cuente como trabajo real. Eso puede cambiar en el Estado de México.

El poder ejecutivo presentó ante la LXII Legislatura mexiquense una iniciativa para crear un Sistema Integral de Cuidados que reconocería legalmente el cuidado como derecho, trabajo y necesidad —no como obligación invisible.

El dato que lo dice todo: las mujeres dedican 39.7 horas semanales a cuidados sin un solo peso de salario. Los hombres, 18.2. Ese trabajo no remunerado vale 8,4 billones de pesos anuales, según cifras oficiales.


De aprobarse, a partir de 2027 el gobierno estatal tendría que presuponer recursos reales para garantizar a los cuidadores descanso, formación y respaldo del Estado —no solo buena voluntad.

No es un programa social más. Es el primer intento del Edomex de blindar con ley a quienes sostienen la vida cotidiana de todos, ya quienes nadie había visto todavía.

Diputado de Morena exige Agencia Anticorrupción en el Edomex: “Años de pura simulación”


Mientras tramitabas algo o te detenía una patrulla, la corrupción ya te estaba cobrando. En 2023, México perdió 12 mil millones de pesos por este problema —y 15 mil 642 de cada 100 mil personas la sufrieron en carne propia, principalmente por policías y partidos políticos. Eso no es estadístico: eres tú.

El diputado Gerardo Pliego Santana (Morena), presidente de la Comisión Legislativa de Combate a la Corrupción, lo confirmó sin eufemismos durante la 6ª Semana Nacional contra la Corrupción en el Edomex: los sistemas anticorrupción funcionaron durante años bajo una lógica de simulación.

Su propuesta tiene nombre y apellido: crear una Agencia Estatal contra la Corrupción, que el Congreso designe a los contralores municipales, proteger legalmente a quienes denuncian y rastrear en tiempo real cómo se gasta cada peso público.

El académico Gabriel Reyes (UAEMEX) y el titular de Inesle Juan Carlos Villarreal respaldaron la iniciativa y añadieron: ética desde la primaria, vigilancia patrimonial de funcionarios y fin a las licitaciones opacas.

El mensaje político es directo: sin reforma estructural, el Edomex sigue siendo territorio libre para quien roba con corbata.



Diputada del Edomex fue atacada digitalmente por defender el agua — y la Fiscalía ordenó borrar los videos

Legislatura | Estado de México|  Violencia Digital | 


La legisladora Miriam Silva Mata  de la bancada del Partido Verde Ecologista del Estado de México, no se quedó callada. Tras denunciar que fue blanco de una campaña de videos falsos que la acusaban de traficar agua en Ecatepec, la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) retiró ese contenido de las plataformas digitales en abril. Así funciona cuando alguien sabe cómo usar la ley y las autoridades deciden, hacer algo.

Lo que cambió.

En marzo, la LXII Legislatura tipificó la violencia digital como delito. Ahora, con solo denunciarlo, el Ministerio Público puede ordenar eliminar cuentas, videos o audios de forma inmediata, sin esperar meses. Pero aun quedan muchos sin ser, si queira investigados.

El dato que duele.

3 de cada 10 mujeres que usan internet en el Edomex han vivido violencia digital. Las más afectadas tienen entre 20 y 29 años y han sido dañadas con material privado,

El caso de la legisladora no es solo político — es la prueba de que denunciar sí mueve fichas, pero, para algunos.

CODHEM y el Congreso del Edomex firman acuerdos LGBT+ mientras dos mujeres trans son asesinadas en menos de una semana


Legisladoras, Legisladore y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmaron convenios para defender, la paz, la seguridad y los derechos que a Fanny y Ashley, dos mujeres trans les fuero arrebatados. Los dos casos en menos de 7 días.

La diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández, quien preside la Comisión para la Defensa de Derechos LGBTTTIQ+ en el Congreso mexiquense, lo dijo sin rodeos: hay que terminar con el odio, la discriminación y la violencia. No como eslogan. Como exigencia ante nombres concretos.

Los convenios suscritos entre la Codhem, organizaciones civiles, activistas e instituciones educativas buscan generar capacitación, protocolos de atención a víctimas y mecanismos reales de denuncia. Víctor Leopoldo Delgado, presidente del organismo, lo definió como un puente estratégico: activistas con conocimiento de calle más institución con herramientas legales.

Martha Azucena Camacho, presidenta de la Directiva del Congreso local, afirmó que cuando todos los poderes trabajan articulados se crean condiciones reales de transformación social. El dato que respalda que algo se mueve: el Edomex ya tiene una Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Las firmas están. Los acuerdos existen. La consecuencia política es clara: si estas instituciones no los traducen en vidas protegidas, Fanny y Ashley no serán las últimas en quedarse sin justicia en esta entidad.

Resultados positivos del congreso mexiquense señalan poderes estatales.




Casi 900 leyes aprobadas, 26 reformas constitucionales y el 94% votadas por unanimidad. Eso no lo logra cualquier legislatura.

El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Jucopo, y la gobernadora Delfina Gómez coincidieron en los resultados del Congreso local, y los números son difíciles de ignorar: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó al Congreso mexiquense como el más productivo de todo el país, según el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025.

Lo que hace que esto pese más es el contexto: diputados de Morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD —partidos que normalmente se agarran a gritos— votaron juntos casi todo. Sin escándalo, sin berrinches en tribuna, sin shows para redes.

Vázquez lo dijo sin rodeos: "Aquí no hay una legislatura atrapada en la polarización. Aquí hay una legislatura que construye".

Entre lo que ya es ley: protección a periodistas y defensores de derechos humanos, identidad no binaria reconocida legalmente, libre elección del orden de los apellidos, bienestar animal, combate a la violencia vicaria y panteones ecológicos. También un Paquete Fiscal 2026 con presupuesto histórico para salud, educación y grupos vulnerables.


La gobernadora Delfina Gómez cerró con compromiso directo: seguir trabajando por los más de 17 millones de mexiquenses, sin importar el color del partido.

Durante este evento celebrado en el Palacio de gobierno estatal acudieron legisladores, el gabinete de gobierno e invitados especiales. Congresistas, apoyaron el trabajo del presidente de la JUCOPO mediante porras donde se éxico el nombre de “Paco, Paco” para distinguir el trabajado realizado por el Diputado Francisco Vázquez Rodríguez en lo que va de esta legislatura. 

Octavio Martínez obliga al gobierno del Edomex a publicar en línea cada peso que gaste



Ya no podrán esconder contratos ni asignar obras a dedazo sin que nadie se entere.

El legislador mexiquense Octavio Martínez vargas, presentó una iniciativa que, si se aprueba, obligaría a todas las dependencias del Estado de México —y también a los municipios— a registrar y publicar en internet cada contrato, licitación y adjudicación directa que realicen con dinero público, sin excusas ni pretextos.

El congresista de Morena, propuso ante la LXII Legislatura que el uso del sistema digital Compramex deje de ser opcional y se vuelva obligatorio. Hoy, la ley lo recomienda, pero no lo exige, y eso ha sido suficiente para que muchas dependencias lo ignoren cuando les conviene.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México —el organismo que audita las cuentas públicas— ha detectado de forma repetida contratos adjudicados a modo, sin documentos que los justifiquen y sin que la ciudadanía se entere. Esos casos han terminado en señalamientos de responsabilidad administrativa. Es decir: dinero de todos, repartido en lo oscurito.

La propuesta pone reglas concretas: cualquier contrato tendría que publicarse en Compramex dentro de los 10 días hábiles siguientes a su firma, incluyendo a quién se le dio, cuánto costó y por qué se eligió a ese proveedor.

Si el Congreso local la aprueba, el gobierno estatal tendría 90 días para ajustar sus reglamentos y las dependencias 180 días para capacitar a su personal y adaptar sus sistemas.

Lo que está en juego es simple: que cualquier ciudadano del Edomex pueda entrar a una plataforma y verificar en qué se gastó su dinero. No es un favor, es una obligación que hasta ahora nadie ha querido cumplir del todo.

Diputada del Edomex propone hasta 12 años de cárcel para quien destruya cuerpos no identificados

Legislatura | Estado de México | Derechos


En el Estado de México hay 14 mil 665 personas desaparecidas. Alguien está borrando los rastros.

La diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres presentó ante la Legislatura mexiquense una iniciativa para castigar con seis a 12 años de prisión a quien incinere, destruya u oculte un cadáver sin identificar, sin autorización legal. La propuesta también apunta directamente a funerarias, panteones y crematorios que operen como cómplices.

La legisladora lo dijo sin rodeos: hay cuerpos que desaparecen dentro de cementerios, con la posible complicidad de quienes los administran.

El dato que paraliza: México registra 133 mil 563 personas desaparecidas. El Edomex concentra el 11% de esa cifra. Y la mayoría son mujeres de entre 15 y 19 años, en edad de riesgo para trata y explotación sexual.

La iniciativa, respaldada por el coordinador del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, propone además que los municipios asuman el control directo de crematorios y servicios funerarios, cerrando el hueco legal que hoy permite que los restos humanos desaparezcan sin consecuencias.

Si esta reforma avanza, destruir evidencia de una persona desaparecida dejará de ser un delito menor. Las familias que llevan años buscando, lo saben mejor que nadie.

El Congreso del Edomex aprueba regulación de uso de celular en las escuelas.



La LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas que regulan el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica. Nada de redes sociales en el salón. Nada de TikTok entre clase y clase. Solo tecnología con propósito académico o en caso de emergencia, y siempre con permiso del maestro o director.

La iniciativa la impulsaron diputadas y diputados de Morena y del PAN juntos —algo que no pasa tan seguido— lo que le da un peso político real: esto no es ocurrencia de un solo partido.

¿Qué cambia en la práctica? Las autoridades educativas estatales tendrán que publicar lineamientos, protocolos y guías específicas para decirle a cada escuela cómo, cuándo y dónde se puede usar un celular. Habrá espacios distintos al aula donde sí se permitirá su uso personal o recreativo, pero el aula queda protegida.

El dictamen es claro en el porqué: ciberacoso, violencia escolar, pornografía infantil y exposición a contenidos dañinos para menores. No es exagerado. Es una realidad que muchas familias mexiquenses ya viven sin saber cómo enfrentarla.

La diputada Paola Jiménez lo resumió sin rodeos: “Estaremos alejando el modelo de distracción que está limitando la educación”.

Ahora falta ver si las escuelas de tu municipio realmente lo aplican — o si esta ley termina guardada en un cajón como tantas otras.

Congreso mexiquense participa en Simulacro Nacional.

 


Un sismo imaginario de 8.2 sacudió al país este jueves — y el Congreso mexiquense no estaba improvisando.

Más de mil 500 servidores públicos y 41 niños del jardín de niños del Poder Legislativo desalojaron 14 edificios en Toluca, Chalco y Naucalpan en exactamente un minuto con 15 segundos. Saldo: cero heridos, cero caos, todo controlado.


El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, confirmó que el ejercicio simuló un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero — entre Petatlán y Coyuca de Benítez — como parte del Simulacro Nacional 2026 convocado por el Gobierno federal.


El operativo no fue simbólico: se desplegaron 310 brigadistas, 15 sistemas de alerta sísmica, 64 extintores, 59 botiquines móviles, 20 equipos de bomberos y alertas directas a celulares de la población.

El dato que importa: la ley obliga a México a realizar al menos dos simulacros al año. El del 19 de septiembre existe porque los sismos de 1985 y 2017 dejaron cientos de muertos — muchos por no saber qué hacer en los primeros segundos.

Que el Congreso se prepare no es propaganda; es exactamente lo que debería ocurrir siempre, en todas las instituciones, sin cámaras ni discursos.

En el Edoméx — con fallas sísmicas activas y más de 16 millones de habitantes — conocer tu ruta de evacuación no es exageración: es la diferencia entre el pánico y salir vivo.

Congreso del Edomex le cierra la puerta al nepotismo y a los políticos eternos



Tu alcalde o diputado no podrá reelegirse ni meter a su familia al poder. El Congreso mexiquense acaba de moverle el piso a la política local —y esto te afecta directamente.

Las comisiones de Gobernación y Electoral de la LXII Legislatura arrancaron el análisis de cuatro iniciativas impulsadas por Morena, PVEM y PT que, si se aprueban, cambiarán las reglas del juego electoral en el Estado de México.


¿Qué hay sobre la mesa? Prohibir la reelección inmediata de alcaldes, regidores y síndicos. Vetar el nepotismo en cargos de elección popular —incluida la gubernatura. Exigir paridad de género en los ayuntamientos. Y reservar al menos el 3% de candidaturas para jóvenes de entre 18 y 29 años, en un estado donde hay 4,2 millones de personas en ese rango de edad.



El diputado Carlos Zurita (Morena), quien presidió la reunión, confirmó que se integrarán todas las propuestas en un solo dictamen para votarse próximamente.

Las reformas también responden al “Plan B” constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Congreso mexiquense ya avaló el 9 de abril, y plantean adelantar el arranque del calendario electoral de enero a septiembre.

Si esto avanza, los mismos apellidos no podrán seguir heredándose el poder municipal en el Edomex. Eso no es poca cosa.

Diputado del PVEM propone trabajo comunitario forzado para quien prenda un incendio forestal



El 90% de los 362 incendios registrados en el Estado de México este año los provocaron una persona. No un rayo. No el sol. Una persona.

El diputado Carlos López Imm, del Partido Verde, se paró ante la LXII Legislatura mexiquense y puso sobre la mesa una propuesta que va más allá de meter a alguien a la cárcel: quien provoque un incendio forestal —ya sea a propósito o por descuido— tendrá que trabajar entre 50 y 200 horas restaurando lo que destruyó. Reforestar, educar comunidades, prevenir futuros siniestros. En otras palabras: limpiar su propio desastre.

Y eso se suma a lo que ya existe: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 117 mil pesos.

El dato que deberíamos preocuparnos a todos: casi la mitad del territorio del Estado de México —más de un millón de hectáreas de bosque— abastece de agua a cerca de 40 millones de personas. Cada hectárea que se quema le cuesta al erario más de un millón y medio de pesos solo en combate y restauración, sin contar helicópteros, caminos destruidos ni los seguros de vida de los brigadistas que arriesgan todo ahí adentro.

En municipios como Valle de Bravo, Temascaltepec o Tlatlaya, hay familias que despiertan con olor a humo y voltean hacia los cerros esperando no ver fuego. Esta temporada ya lo vivieron 362 veces.

La iniciativa todavía tiene que ser votada, pero manda una señal política clara: ya no basta con castigar. Hay que obligar a reparar.

Porque destruir un bosque no debería salir gratis y mucho menos quedarse impune.

Zaira Cedillo plantea cuidado integral a menores



Uno de cada cinco jóvenes mayores de 12 años ya fue víctima de ciberacoso en México, y la mayoría navega solo, sin que ningún adulto los acompañe.

La diputada Zaira Cedillo (Morena) presentó una iniciativa ante la LXII Legislatura del Edoméx para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es claro: que el entorno digital sea reconocido legalmente como un espacio donde los menores tienen derechos y, sobre todo, protección.

La propuesta obliga a los gobiernos estatales y municipales a crear programas contra el ciberacoso y la violencia digital, educar en el uso responsable de tecnología, activar mecanismos de denuncia inmediata y reforzar la coordinación con la policía cibernética. También contempla campañas dirigidas a madres, padres y tutores para que sepan cómo acompañar a sus hijos cuando están en línea.

El INEGI lo confirma con números: más del 70% de los menores en México ya usa internet de forma cotidiana, pero una parte significativa lo hace sin ningún tipo de supervisión adulta. Eso los deja expuestos al Grooming, al acoso ya contenidos que ningún niño debería ver solo.

La legisladora fue directa en tribuna: "No se trata de prohibir, se trata de que los guiemos. No se trata de castigar, se trata de que estemos presentes".

El Edoméx tiene alta conectividad y una enorme deuda con sus menores. Esta iniciativa busca saldarla.

Congreso del Edomex aprueba IA en escuelas para mejorar el aprendizaje


El Congreso del Estado de México acaba de mover el tablero educativo. La LXII Legislatura permitió que maestros y alumnos de prepa y universidad usaran Inteligencia Artificial con fines educativos, de forma responsable y ética. La iniciativa la impulsó la diputada priista Lilia Urbina y ya tiene fuerza de ley.


Y no es letra muerta: el gobierno estatal quedó obligado a poner los recursos humanos y el dinero para que esto funcione de verdad.

El dato que lo vuelve urgente: el Foro Económico Mundial advierte que el 40% de las habilidades laborales en México cambiarán en los próximos cinco años, y que el 95% de las empresas ya está metiendo IA en sus procesos. Si las escuelas del Edomex no se actualizan ahora, sus estudiantes llegan tarde, y en desventaja, al mercado laboral.

La reforma aclaración desde el arranque que no viene a reemplazar al maestro ni a borrar el pensamiento crítico. Viene a que más jóvenes mexiquenses tengan herramientas reales para aprender, investigar y construir algo propio.

El Congreso ya tomó partido: el Estado de México no se queda atrás. Lo que sigue es exigir que el Ejecutivo cumpla lo que comprometió.

Anai Esparza exige que el gobierno apoye tu negocio — y sí, incluye la tiendita de la esquina



Si alguna vez pensaste en poner un negocio o conoces a alguien que ya lo tiene, esto te afecta directamente.

La legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo, del Partido del Trabajo, presentó ante la LXII Legislatura mexiquense una iniciativa para obligar al gobierno estatal ya los municipios a financiar y respaldar negocios pequeños: misceláneas, carnicerías, marisquerías, restaurantes, el tipo de comercio que mueve el día a día de millones de familias en el Estado de México.

El dato que nadie te había dicho: el Edomex ocupa el primer lugar nacional en unidades económicas, con casi 897 mil negocios registrados. Más de 614 mil personas trabajan en comercio al por menor. Y aún así, no hay una ley que los proteja de verdad.

La propuesta va más allá de buenas intenciones: plantea reformar la Ley de Fomento Económico y la Ley Orgánica Municipal para que las secretarías de Desarrollo Económico y Finanzas tengan la obligación legal de crear programas permanentes de financiamiento, con atención especial para mujeres, jóvenes emprendedores y adultos mayores.

La consecuencia política es clara: si esto avanza, los ayuntamientos ya no podrán ignorar al comercio local. Tendrían que abrir líneas de apoyo reales, no solo folletos.

Porque detrás de cada negocio de barrio hay una familia que apostó todo lo que tenía.

Proponen pack de reformas para austeridad, contra el nepotismo y campañas políticas.



Los coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM y PT en el Congreso del Estado de México presentaron una reforma que, de aprobarse, cambiaría las reglas del juego político desde 2030: prohibición de reelección consecutiva, límite al presupuesto legislativo y candados duros contra el nepotismo.

El paquete de reformas —a la Constitución local, al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal— establece que ningún familiar de un diputado o alcalde en funciones podrá postularse al mismo cargo. El vínculo que te descalifica incluye matrimonio, concubinato, unión de hecho y parentesco hasta el cuarto grado. Traducción directa: si tu familiar está en el cargo, tú estás fuera.

¿Y el dinero? El Congreso estatal no podrá gastar más del 0.70% del presupuesto de egresos del estado, y sus salarios no podrán rebasar lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum: 134 mil 290 pesos mensuales. Nada de seguros médicos privados, cajas de ahorro especiales ni retiros dorados con dinero público.

En materia electoral, el proceso arrancará en septiembre del año anterior a los comicios, no en enero como ocurre ahora. La razón: en la próxima elección también se votará por cerca de 400 cargos judiciales, y el sistema actual simplemente no da abasto.

El punto que más interesa a los menores de 30: la iniciativa propone garantizar espacios para jóvenes de entre 18 y 29 años en las planillas de candidatos a diputaciones y ayuntamientos. No como favor, sino como disposición en el código electoral.

Los ahorros que generen los municipios al reducir regidurías deberán destinarse a obra pública. No hay bonos. No a viáticos. Una infraestructura para la gente.

La iniciativa ya está sobre la mesa. Ahora el Congreso decide si la aprueba o la archivo.