Fue un movimiento histórico, que muchos no vieron venir.
La Diputación Permanente del Estado de México, encomendada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso de Morena, permitió reformar el artículo 17 de la Constitución local para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No es un programa ni una promesa: es ley.
La reforma no llegó sola. Fueda por iniciativas del PRI, Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez, y validada en seis asambleas públicas con participación de comunidades mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca de 48 municipios del estado.
Lo que cambia en concreto: estas comunidades podrán gobernarse bajo sus propias normas, proteger su medicina tradicional —incluida la partería—, usar sus lenguas, administrar recursos naturales de sus territorios y ser consultadas antes de cualquier decisión legislativa que las afecte. Además, el gobierno estará obligado a destinarles presupuesto directo.
El peso político es claro: Morena consolida una agenda de reconocimiento que conecta la reforma federal con el territorio mexiquense, justo en un momento donde la disputa por el voto indígena y rural es más relevante que nunca.
48 municipios del Estado de México tienen hoy una Constitución que por primera vez los nombra con derechos reales.
