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En el Estado de México hay 14 mil 665 personas desaparecidas. Alguien está borrando los rastros.
La diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres presentó ante la Legislatura mexiquense una iniciativa para castigar con seis a 12 años de prisión a quien incinere, destruya u oculte un cadáver sin identificar, sin autorización legal. La propuesta también apunta directamente a funerarias, panteones y crematorios que operen como cómplices.
La legisladora lo dijo sin rodeos: hay cuerpos que desaparecen dentro de cementerios, con la posible complicidad de quienes los administran.
El dato que paraliza: México registra 133 mil 563 personas desaparecidas. El Edomex concentra el 11% de esa cifra. Y la mayoría son mujeres de entre 15 y 19 años, en edad de riesgo para trata y explotación sexual.
La iniciativa, respaldada por el coordinador del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, propone además que los municipios asuman el control directo de crematorios y servicios funerarios, cerrando el hueco legal que hoy permite que los restos humanos desaparezcan sin consecuencias.
Si esta reforma avanza, destruir evidencia de una persona desaparecida dejará de ser un delito menor. Las familias que llevan años buscando, lo saben mejor que nadie.
