En el Estado de México hay 14 mil 665 personas desaparecidas. Alguien está borrando los rastros.
La diputada panista Joanna Alejandra Felipe Torres presentó ante la Legislatura mexiquense una iniciativa para castigar con seis a 12 años de prisión a quien incinere, destruya u oculte un cadáver sin identificar, sin autorización legal. La propuesta también apunta directamente a funerarias, panteones y crematorios que operen como cómplices.
La legisladora lo dijo sin rodeos: hay cuerpos que desaparecen dentro de cementerios, con la posible complicidad de quienes los administran.
El dato que paraliza: México registra 133 mil 563 personas desaparecidas. El Edomex concentra el 11% de esa cifra. Y la mayoría son mujeres de entre 15 y 19 años, en edad de riesgo para trata y explotación sexual.
La iniciativa, respaldada por el coordinador del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, propone además que los municipios asuman el control directo de crematorios y servicios funerarios, cerrando el hueco legal que hoy permite que los restos humanos desaparezcan sin consecuencias.
Si esta reforma avanza, destruir evidencia de una persona desaparecida dejará de ser un delito menor. Las familias que llevan años buscando, lo saben mejor que nadie.
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas que regulan el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica. Nada de redes sociales en el salón. Nada de TikTok entre clase y clase. Solo tecnología con propósito académico o en caso de emergencia, y siempre con permiso del maestro o director.
La iniciativa la impulsaron diputadas y diputados de Morena y del PAN juntos —algo que no pasa tan seguido— lo que le da un peso político real: esto no es ocurrencia de un solo partido.
¿Qué cambia en la práctica? Las autoridades educativas estatales tendrán que publicar lineamientos, protocolos y guías específicas para decirle a cada escuela cómo, cuándo y dónde se puede usar un celular. Habrá espacios distintos al aula donde sí se permitirá su uso personal o recreativo, pero el aula queda protegida.
El dictamen es claro en el porqué: ciberacoso, violencia escolar, pornografía infantil y exposición a contenidos dañinos para menores. No es exagerado. Es una realidad que muchas familias mexiquenses ya viven sin saber cómo enfrentarla.
La diputada Paola Jiménez lo resumió sin rodeos: “Estaremos alejando el modelo de distracción que está limitando la educación”.
Ahora falta ver si las escuelas de tu municipio realmente lo aplican — o si esta ley termina guardada en un cajón como tantas otras.
Un sismo imaginario de 8.2 sacudió al país este jueves — y el Congreso mexiquense no estaba improvisando.
Más de mil 500 servidores públicos y 41 niños del jardín de niños del Poder Legislativo desalojaron 14 edificios en Toluca, Chalco y Naucalpan en exactamente un minuto con 15 segundos. Saldo: cero heridos, cero caos, todo controlado.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, confirmó que el ejercicio simuló un terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero — entre Petatlán y Coyuca de Benítez — como parte del Simulacro Nacional 2026 convocado por el Gobierno federal.
El operativo no fue simbólico: se desplegaron 310 brigadistas, 15 sistemas de alerta sísmica, 64 extintores, 59 botiquines móviles, 20 equipos de bomberos y alertas directas a celulares de la población.
El dato que importa: la ley obliga a México a realizar al menos dos simulacros al año. El del 19 de septiembre existe porque los sismos de 1985 y 2017 dejaron cientos de muertos — muchos por no saber qué hacer en los primeros segundos.
Que el Congreso se prepare no es propaganda; es exactamente lo que debería ocurrir siempre, en todas las instituciones, sin cámaras ni discursos.
En el Edoméx — con fallas sísmicas activas y más de 16 millones de habitantes — conocer tu ruta de evacuación no es exageración: es la diferencia entre el pánico y salir vivo.
Tu colonia no está peleada contigo: está peleada con todos.
El Inegi lo midió y lo publicó: el 48% de los habitantes de Toluca tuvo un conflicto o enfrentamiento con alguien en el tercer trimestre de 2025. Nezahualcóyotl va con 41%, Atizapán con 40%, Naucalpan con 39% y Ecatepec con 33%. El promedio nacional es 34,3%. El Estado de México lo supera con facilidad.
¿Con quién se pelea la gente? Con el vecino, principalmente. El 72% de los conflictos pasa ahí mismo, en el edificio, en la calle de enfrente. Le siguen desconocidos en la vía pública (33%) y, dato que no pasa desapercibido, autoridades de gobierno con 14.7%.
Las causas son las de siempre: basura, ruido, estacionamiento, chismes y borrachos en la esquina.
A nivel nacional, el 63% de los adultos siente que su ciudad es insegura. Las mujeres lo viven más fuertes: 68%. Los cajeros, el transporte y la calle siguen siendo los lugares que más miedo generan.
Ecatepec además aparece entre las cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con 84.4%. El Edomex no solo encabeza los conflictos: también encabeza el miedo.
Estos números son la agenda que ningún presidente municipal debería ignorar en 2026.
El Estado de México tiene 3 millones de niños, más de la mitad vive en pobreza. Y existe una brecha enorme entre lo que dicen los datos oficiales y lo que ven las organizaciones en el terreno.
Organizaciones civiles estiman que más de 3 mil niños y adolescentes sobreviven en las calles del Edomexo pasan la mayor parte del día en ellas. Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca concentran la mayoría de los casos. El gobierno estatal no ha publicado un conteo, una estadística propia durante el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.
El 70% de los niños de la calle ha vivido algún tipo de violencia. La mayoría comienza a trabajar desde edades muy tempranas en actividades informales.
Lo que dicen los datos oficiales. 2.6 millones de niños en pobreza. ¿Y los que no aparecen en las encuestas?
El CONEVAL, con datos de la ENIGH 2022, reporta que el 56% de los menores de 18 años en el Edomex vive en pobreza: 2.6 millones de personas. De ese total, 375 mil se encuentran en pobreza extrema. Además, 3 millones 595 mil niños de entre 3 y 15 años fueron identificados en la entidad, de los cuales más de 2 millones están en condición de pobreza y 851 mil tienen carencia alimentaria. El problema: estas encuestas llegan a hogares registrados. Los niños que no tienen dirección fija, sencillamente no existen para la estadística.
El Estado de México inicia 2025 con el 52.9% de su población por debajo de la línea de pobreza por ingresos, por encima de la media nacional de 43.5%, según el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). En paralelo, el Early Institute advierte en su informe 2025 que aunque la pobreza por ingresos bajó en México, el número promedio de carencias por niño aumentó un 10%, y 8% más menores acumulan tres o más carencias simultáneas.
La paradoja del sistema. Menos pobres en papel, pero más enfermos y sin escuela.
La cifra que más preocupa a especialistas no es la pobreza monetaria, sino el acceso a salud: entre 2018 y 2024, la carencia en servicios sanitarios para la primera infancia aumentó 115% a nivel nacional. Esto significa que familias con más ingresos que antes no pueden llevar a sus hijos al médico. El 48% de la niñez mexiquense carece de acceso a servicios de salud, el 60% no tiene seguridad social y el 9.4% presenta rezago educativo.
La brecha entre los datos oficiales y la realidad documentada por las organizaciones civiles revela un problema estructural: mientras el gobierno mide pobreza desde los hogares, decenas de miles de menores quedan fuera del conteo por vivir en asentamientos sin registro, ser hijos de migrantes internos o pertenecer a comunidades indígenas que el Estado alcanza con dificultad. Visibilizarlos es el primer paso para atenderlos.
Tu alcalde o diputado no podrá reelegirse ni meter a su familia al poder. El Congreso mexiquense acaba de moverle el piso a la política local —y esto te afecta directamente.
Las comisiones de Gobernación y Electoral de la LXII Legislatura arrancaron el análisis de cuatro iniciativas impulsadas por Morena, PVEM y PT que, si se aprueban, cambiarán las reglas del juego electoral en el Estado de México.
¿Qué hay sobre la mesa? Prohibir la reelección inmediata de alcaldes, regidores y síndicos. Vetar el nepotismo en cargos de elección popular —incluida la gubernatura. Exigir paridad de género en los ayuntamientos. Y reservar al menos el 3% de candidaturas para jóvenes de entre 18 y 29 años, en un estado donde hay 4,2 millones de personas en ese rango de edad.
El diputado Carlos Zurita (Morena), quien presidió la reunión, confirmó que se integrarán todas las propuestas en un solo dictamen para votarse próximamente.
Las reformas también responden al “Plan B” constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Congreso mexiquense ya avaló el 9 de abril, y plantean adelantar el arranque del calendario electoral de enero a septiembre.
Si esto avanza, los mismos apellidos no podrán seguir heredándose el poder municipal en el Edomex. Eso no es poca cosa.
El 90% de los 362 incendios registrados en el Estado de México este año los provocaron una persona. No un rayo. No el sol. Una persona.
El diputado Carlos López Imm, del Partido Verde, se paró ante la LXII Legislatura mexiquense y puso sobre la mesa una propuesta que va más allá de meter a alguien a la cárcel: quien provoque un incendio forestal —ya sea a propósito o por descuido— tendrá que trabajar entre 50 y 200 horas restaurando lo que destruyó. Reforestar, educar comunidades, prevenir futuros siniestros. En otras palabras: limpiar su propio desastre.
Y eso se suma a lo que ya existe: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 117 mil pesos.
El dato que deberíamos preocuparnos a todos: casi la mitad del territorio del Estado de México —más de un millón de hectáreas de bosque— abastece de agua a cerca de 40 millones de personas. Cada hectárea que se quema le cuesta al erario más de un millón y medio de pesos solo en combate y restauración, sin contar helicópteros, caminos destruidos ni los seguros de vida de los brigadistas que arriesgan todo ahí adentro.
En municipios como Valle de Bravo, Temascaltepec o Tlatlaya, hay familias que despiertan con olor a humo y voltean hacia los cerros esperando no ver fuego. Esta temporada ya lo vivieron 362 veces.
La iniciativa todavía tiene que ser votada, pero manda una señal política clara: ya no basta con castigar. Hay que obligar a reparar.
Porque destruir un bosque no debería salir gratis y mucho menos quedarse impune.
Uno de cada cinco jóvenes mayores de 12 años ya fue víctima de ciberacoso en México, y la mayoría navega solo, sin que ningún adulto los acompañe.
La diputada Zaira Cedillo (Morena) presentó una iniciativa ante la LXII Legislatura del Edoméx para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es claro: que el entorno digital sea reconocido legalmente como un espacio donde los menores tienen derechos y, sobre todo, protección.
La propuesta obliga a los gobiernos estatales y municipales a crear programas contra el ciberacoso y la violencia digital, educar en el uso responsable de tecnología, activar mecanismos de denuncia inmediata y reforzar la coordinación con la policía cibernética. También contempla campañas dirigidas a madres, padres y tutores para que sepan cómo acompañar a sus hijos cuando están en línea.
El INEGI lo confirma con números: más del 70% de los menores en México ya usa internet de forma cotidiana, pero una parte significativa lo hace sin ningún tipo de supervisión adulta. Eso los deja expuestos al Grooming, al acoso ya contenidos que ningún niño debería ver solo.
La legisladora fue directa en tribuna: "No se trata de prohibir, se trata de que los guiemos. No se trata de castigar, se trata de que estemos presentes".
El Edoméx tiene alta conectividad y una enorme deuda con sus menores. Esta iniciativa busca saldarla.
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