La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, sustituyéndola por una pena máxima de 70 años de prisión. La reforma, impulsada por la diputada Sofía Martínez Molina (PT) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen aprobado señala que la prisión vitalicia implica la privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión, suprime toda expectativa de reinserción social y contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano. La SCJN había establecido previamente, mediante la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 78/2019, que esta figura es incompatible con el principio de proporcionalidad de las penas y con el artículo 18 constitucional, que orienta el sistema penitenciario hacia la rehabilitación.
“Eliminar la prisión vitalicia no debilita la respuesta del Estado ante delitos graves, sino que fortalece un sistema más justo y respetuoso de la dignidad humana”, destacó la diputada Martínez Molina durante la sesión.
La reforma contempla que los casos donde ya se impuso prisión vitalicia serán revisados por la autoridad jurisdiccional, quien adecuará la pena conforme al grado de culpabilidad de cada sentenciado. Los delitos que antes admitían esta pena —como homicidio calificado, feminicidio, violación y robo con homicidio— quedan ahora sujetos al nuevo límite de siete décadas.
Los legisladores argumentaron que resulta incongruente sostener que la prisión vitalicia es inconstitucional para ciertos delitos pero válida para otros, dado que su incompatibilidad con los principios constitucionales no varía según la conducta sancionada.
