El Congreso del Estado de México le dio un golpe de timón al sistema de salud local: aprobada una Ley de Salud propia, la primera desde 2001. Durante más de dos décadas, la entidad más poblada del país operó sin una normativa específica en la materia. Eso se acabó.
La LXIII Legislatura mexiquense reunió 15 iniciativas de distintos grupos parlamentarios —Morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC y PRD— más una propuesta directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armar un ordenamiento que obliga a los sectores público, social y privado a cumplir con estándares claros de atención médica.
¿Qué trae de nueva esta ley?
Lo primero que hay que entender es que esto no es un retoque cosmético. La ley abroga el Libro Segundo del Código Administrativo del estado y lo reemplaza con un marco específico. Crea el Sistema Estatal de Salud, un mecanismo de coordinación institucional para que las políticas públicas en la materia no queden en el aire ni se pierdan entre dependencias.
También reconoce, por primera vez, un catálogo de derechos para pacientes y usuarios: trato digno, consentimiento informado, confidencialidad, acceso al expediente clínico, atención de urgencias y acceso a medicamentos. En papel, nadie te puede negar eso.
La norma identifica grupos de atención prioritaria, entre ellos personas adultas mayores, mujeres gestantes, menores de edad, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTIQ+, migrantes y pueblos indígenas.
No todo fue aplausos. El capítulo que autoriza la interrupción del embarazo como servicio público, gratuito y sin barreras, fue el foco de tensión. La diputada del PAN, Emma Álvarez, intentó eliminar ese apartado del texto. Su compañero Anuar Azar fue más lejos y pidió quitar también la cláusula de objeción de conciencia, que permite al personal de salud negarse a participar en esos procedimientos. Ninguna de las dos mociones prosperó.
Desde Morena, la legisladora Zaira Cedillo lo dijo sin rodeos: “Negar la atención médica no protege la vida, la pone en riesgo”.
La ley todavía no entra en vigor. Primero tiene que ser promulgada por Delfina Gómez y publicada en la Gaceta del Gobierno. Mientras eso no ocurre, el papel no vale gran cosa.
Y hay otra pendiente señalada por el PVEM: más presupuesto. De nada sirve una ley robusta si los hospitales siguen con desabasto de medicamentos, sin médicos especialistas y con listas de espera eternas para hemodiálisis o estudios de detección de cáncer.
La norma dice que operará con los recursos humanos y presupuestales actuales, sin cargas adicionales. Ahí está la trampa. Una ley que promete más con lo mismo es una promesa que el tiempo —y los pacientes— se encargarán de poner una prueba.
El Edomex tiene ley. Ahora falta ver si tiene voluntad.
