Que te encarcelen por algo que no hiciste. Que las “pruebas” en tu contra las inventaron quienes debían protegerte. Eso pasa. Y hasta hoy, no existía una ley que lo llamara por su nombre.
La diputada María José Pérez Domínguez (Morena) presentó ante la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar el Código Penal y castigar con hasta 15 años de prisión a los servidores públicos que fabriquen, inventen o manipulen pruebas para inculpar a alguien inocente, o para dejar libre a quien sí cometió un delito. El dato que duele: el Edomex está entre las tres entidades donde la gente menos confía en sus instituciones de justicia, y casi el 90% de los delitos no se denuncia. No es casualidad, es consecuencia.
Hoy, el Código Penal sanciona obstaculizar investigaciones con 4 a 10 años de cárcel, pero no menciona explícitamente la fabricación de culpables. La iniciativa cierra ese hueco legal con un agravante directo: si el funcionario construyó la trampa con pruebas inventadas, la pena sube a 15 años, más destitución e inhabilitación.
La diputada lo dijo claro en tribuna: fabricar un culpable obliga a una persona inocente a probar algo que nunca hizo, frente a evidencia que nunca existió. Una mentira con sello oficial que puede costarte la libertad.
Porque cuando la ley se usa como arma, el daño no solo es personal — es una fractura en todo el sistema que nos sostiene a todos.
