No es una escena lejana: niños limpiando parabrisas o cargando mercancías mientras otros van a la escuela. Esa imagen —normalizada por años— hoy entra al debate legislativo.
Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández anunció, de forma oficial, que el próximo 29 de abril presentará una iniciativa para prevenir, atender y proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en el Estado de México. El anuncio se dio durante el Primer Foro Regional en Valle de Chalco, con respaldo de legisladores y especialistas.
El dato sacude: en la entidad hay más de 250 mil menores realizando trabajos no permitidos, muchos en condiciones de riesgo, según cifras del INEGI. Para Navarro, no es ayuda familiar, es desigualdad estructural.
La propuesta no nace desde el escritorio. La legisladora habló desde su propia historia: crecer trabajando, entre carencias y peligros, mientras intentaba no soltar la escuela. Ese testimonio marcó el tono: el problema no es invisible, es cotidiano.
La consecuencia política es clara: el Congreso mexiquense entra a un terreno incómodo, donde se cruzan la pobreza, los programas sociales y la omisión institucional. Los especialistas advierten que el trabajo infantil limita los derechos básicos y frena el desarrollo desde los primeros años de vida.
El mensaje final no se queda en la ley: erradicar esta práctica no depende solo del gobierno, sino de una comunidad que deje de verla como algo “normal”.
Porque mientras un niño trabaja, alguien más ya decidió por su futuro.
