En el Estado de México, cubra una nota o defensor de derechos humanos puede costar la vida. Y el Congreso local finalmente lo reconoció con hechos.
La LXII Legislatura mexiquense aprobó un paquete de reformas que crea un directorio voluntario de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con un solo objetivo: que el Estado sepa dónde están y pueda actuar rápido si algo les pasa.
No es un padrón obligatorio ni una lista negra. Es una herramienta de emergencia. Si un periodista desaparece, está agredido o está en peligro, las autoridades tendrán sus datos de contacto, su medio, su organización, todo listo para actuar sin perder tiempo.
¿Qué cambia exactamente?
Las reformas —impulsadas por el Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez— obligan al gobierno a implementar protocolos claros para que policías y autoridades municipales sepan cómo tratar a un periodista en campo. También garantizan acceso a servicios de salud, programas sociales y, en el peor escenario, apoyo para gastos funerarios.
Además, la diputada Ruth Salinas (MC) dejó en claro algo que pocas veces se dice en voz alta: que darles acceso a salud no le quita responsabilidad a los medios que los contratan. Ellos también tienen que responder.
El dato que importa: El Consejo Consultivo del mecanismo se reduce de 13 a 9 integrantes para que funcione de verdad, con representación regional y paridad de género. Aunque, en opinión propia faltaría hacer medibles sus resultados ante actos de violencia contra este sector.
Esto no es burocracia. En un estado donde informar tiene precio, esta ley es el reconocimiento de que hay personas que se juegan el pellejo para que tú sepas lo que pasa en tu colonia, en tu municipio, en tu estado.
Y eso, por fin, tiene respaldo legal.
